Algunas razones en defensa de un sistema único de acción concertada

El Anteproyecto de ley de formas de gestión de la asistencia sanitaria financiada con fondos públicos a cargo del Servicio Catalán de la Salud ha puesto sobre el tapete el debate de cuál debe ser la fórmula de relación entre el financiador y comprador de servicios de salud y los diferentes proveedores.

Regulación de los derechos del paciente al final de la vida: la Ley 4/2017, de 9 de marzo de Madrid, el Proyecto de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y el Proyecto de Ley del Principado de Asturias sobre derechos y garantías de la dignidad de las personas al final de la vida

La regulación de los derechos de los pacientes al final de la final constituye a día de hoy una de las asignaturas pendientes que tiene la legislación sanitaria de nuestro país. Transcurridos quince años desde la aprobación de la Ley 41/2002, seguimos sin contar con una legislación estatal sobre los derechos y los deberes de los ciudadanos y profesionales sanitarios en relación con el derecho a morir, un vacío que se ha ido colmando progresivamente a través de la cada vez más abundante legislación autonómica. La última de las leyes aprobadas ha sido la Ley 4/2017, de 9 de marzo de la Comunidad de Madrid, justo cuando se encuentra en fase de tramitación parlamentaria la proposición de ley presentada por el grupo parlamentario de “Ciudadanos” y, a nivel autonómico, el proyecto de ley del Principado de Asturias sobre derechos y garantías de la dignidad de las personas al final de la vida.

A lo largo de este artículo se realiza un breve estudio comparativo de los tres textos antes citados con el fin de mostrar cuáles son los principales puntos en común  así como las diferencias existentes entre ellos.

Asociación por un acceso justo al medicamento

El pasado 21 de diciembre de 2016 se constituyó la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento, una entidad de ámbito nacional y sin ánimo de lucro, promovida por un grupo de profesionales relacionados con el ámbito sanitario (médicos, enfermeros, economistas, abogados).

El incremento del salario mínimo interprofesional para el año 2017, no es oro todo lo que reluce

El 1 de enero ha entrado en vigor el Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por el cual se fija el salario mínimo para el 2017, que, de acuerdo con lo que estableció la disposición adicional única del Real Decreto Ley 3/2016, de 2 de diciembre, promulgado por el Gobierno español, que fue convalidado por el Congreso de los Diputados, se ha incrementado en un 8 % y ha quedado establecido en la cuantía de 707,70 €/mes.

Ahora bien, la novedad respecto a la norma legal es que la norma reglamentaria del Gobierno español regula las reglas de afectación de la nueva cuantía en los convenios colectivos y la no afectación de la nueva cuantía a las referencias contenidas en normas no estatales y relaciones privadas.

Análisis de los efectos de las sentencias de 14 de septiembre 2016 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre los nombramientos temporales del personal estatutario de los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud

PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN Y CUESTIONES A RESOLVER

En aplicación del acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, acuerdo incorporado a la Directiva 1999/70/CE, de 28 de junio 1999, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictó tres sentencias de fecha 14 de septiembre 2016, en los asuntos C-16/2015 (caso Pérez López), C-596/2014 (caso de Diego Porras) y una tercera que resolvía los asuntos acumulados C-184/2015 (caso Martínez Andrés) y C-197/2015 (caso Castrejana López). El Tribunal de Justicia hace con claridad dos afirmaciones:

  • No es admisible el abuso de las vinculaciones temporales en las relaciones administrativas, incluida la relación estatutaria de los Servicios de Salud.
  • No cabe introducir discriminaciones en entre el personal temporal y el personal fijo con relación administrativa, incluida la relación estatutaria.