Artículos de Vicente Lomas Hernández

La validez del consentimiento verbal en intervenciones quirúrgicas de especial gravedad. La STSJ de Castilla-La Mancha, nº 78, rec 9/2016 frente al criterio del TS

http://www.elderecho.com/tribuna/administrativo/consentimiento-informado-invasivas-verbal-escrito-prueba_11_1108180001.html

Regulación de los derechos del paciente al final de la vida: la Ley 4/2017, de 9 de marzo de Madrid, el Proyecto de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y el Proyecto de Ley del Principado de Asturias sobre derechos y garantías de la dignidad de las personas al final de la vida

La regulación de los derechos de los pacientes al final de la final constituye a día de hoy una de las asignaturas pendientes que tiene la legislación sanitaria de nuestro país. Transcurridos quince años desde la aprobación de la Ley 41/2002, seguimos sin contar con una legislación estatal sobre los derechos y los deberes de los ciudadanos y profesionales sanitarios en relación con el derecho a morir, un vacío que se ha ido colmando progresivamente a través de la cada vez más abundante legislación autonómica. La última de las leyes aprobadas ha sido la Ley 4/2017, de 9 de marzo de la Comunidad de Madrid, justo cuando se encuentra en fase de tramitación parlamentaria la proposición de ley presentada por el grupo parlamentario de “Ciudadanos” y, a nivel autonómico, el proyecto de ley del Principado de Asturias sobre derechos y garantías de la dignidad de las personas al final de la vida.

A lo largo de este artículo se realiza un breve estudio comparativo de los tres textos antes citados con el fin de mostrar cuáles son los principales puntos en común  así como las diferencias existentes entre ellos.

SJC-A nº 2 de Albacete, de 31 de marzo de 2016, nº 49. El paciente no tiene derecho a conocer la identidad del profesional que accede a su historia clínica.

La Sentencia confirma que el paciente no tiene derecho a conocer la identidad de los profesionales sanitarios que han accedido a su historia clínica. En el presente caso una matrona, personal estatutario del Sescam, ante las sospechas de acceso indebido a su historia clínica solicita de la Gerencia que le informe sobre la identidad de los profesionales que han tenido acceso a su HC, y con qué fin lo habían hecho.

Documento para debate: Informe 339/2015 de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre acceso a la historia clínica

Informe 339/2015 de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre acceso a la historia clínica de los menores entre 16 y 18 años, que dicho organismo ha remitido por su interés al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

El objeto de la consulta consiste en determinar si se puede denegar el acceso a la historia clínica de los menores entre 16 y 18 años a los padres que ostentan la patria potestad.

El Informe reproduce las consideraciones vertidas en otro informe anterior de fecha 7 de agosto de 2014 para concluir afirmando que, si bien el menor de edad mayor de catorce años podrá, en general, ejercitar por sí solo el derecho de acceso a la historia clínica, en cambio no podría oponerse a que sus padres, titulares de la patria potestad, pueden acceder igualmente a los datos del menor de edad para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Código Civil.

Novedades en responsabilidad patrimonial sanitaria en las Leyes 39/2015 y 40/2015

La nueva legislación sobre procedimiento administrativo integra la regulación de dos los procedimientos administrativos especiales más importantes, el procedimiento sancionador y el procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración, dentro del procedimiento administrativo común, limitándose a establecer sus especialidades. A continuación mostraré cuáles son algunas de las principales novedades:

1º.- Silencio administrativo desestimatorio.

Se incluye el sentido desestimatorio del silencio en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. Si bien esta excepción no se incluye en el vigente artículo 43 de la Ley, es cierto que está prevista en el artículo 142.7 de la Ley 30/1992.