Artículos de Vicente Lomas Hernández

Comentario a la STC de 25 de junio de 2015 sobre la extensión del derecho a la objeción de conciencia sanitaria al personal farmacéutico que se niegue a disponer de la píldora post-coital

Introducción.- Planteamiento general sobre el derecho a la objeción de conciencia

La problemática actual en torno a la naturaleza y extensión del derecho a la objeción de conciencia se resumiría en si tiene cabida en nuestro Ordenamiento Jurídico, más allá de la objeción de conciencia al servicio militar reconocida en el art. 30.2 de la CE, la existencia de un derecho general a la objeción de conciencia residenciado en la libertad ideológica y religiosa (art. 16 de la CE), o si, por el contrario, únicamente cabe invocar la objeción de conciencia en los supuestos en que una Ley así lo haya reconocido expresamente, como así sucede en el art. 19.2 de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, y con la cautela de que en este último caso la Ley, lejos de efectuar un reconocimiento indiscriminado de este derecho, lo limita a los profesionales sanitarios directamente implicados en su realización.

Minoría de edad y Derecho Sanitario: la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio y la ley 26/2015, de 28 de julio

Las recientes modificaciones normativas que se han producido en el sistema de protección a la infancia y la adolescencia en el mes de julio de 2015 con la aprobación de la LO 8/2015, de 22 de julio, y Ley 26/2015, de 28 de julio, incorporan previsiones de gran interés desde el punto de vista sanitario así como una relevante modificación del art. 9 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre. Con esta última modificación se restringe considerablemente la autonomía del paciente menor de edad, y se judicializa el proceso de toma de decisiones en aquéllos supuestos en los que el consentimiento haya de otorgarlo el representante legal o las personas vinculadas por razones familiares o de hecho, y la decisión cuestionada hiciese prevalecer la dignidad de la persona frente a la conservación a toda costa de la vida del paciente.

Deberes de los profesionales y centros sanitarios en la comunicación de nacimientos y defunciones al registro civil

La entrada en vigor el próximo mes de octubre de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil- BOE de 14 de julio de 2015- incorpora nuevos deberes para los profesionales sanitarios y el equipo directivo de las Instituciones Sanitarias.

I. Introducción

La entrada en vigor el próximo mes de octubre de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil- BOE de 14 de julio de 2015- incorpora nuevos deberes para los profesionales sanitarios y el equipo directivo de las Instituciones Sanitarias.

Para comprender los cambios introducidos por la Ley resulta conveniente conocer cuál es el punto de partida, la regulación actualmente vigente (téngase en cuenta que la Ley 19/2015, de 13 de julio no entrará en vigor hasta el día 15 de octubre de 2015) Ley de Registro Civil RC aprobada en 2011 que ya incorpora un mecanismo de comunicación a la Oficina del Registro Civil de los nacimientos que tengan lugar en los centros sanitarios, clínicas y hospitales, por parte de la dirección de los mismos, y en el plazo de veinticuatro horas desde el alumbramiento. La Ley de 2011, en su formulación actual, señala asimismo que esa comunicación se realizará mediante la remisión electrónica del formulario oficial de declaración debidamente cumplimentado y firmado por los padres, así como que los firmantes deberán acreditar su identidad por los medios admitidos en Derecho.

Así pues, ¿cuáles son las novedades?

Breve comentario a la Ley 1/2015 del 9 de febrero de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida

Introducción

Si en la pasada década asistimos a la proliferación de leyes autonómicas sobre regulación de derechos y deberes de los ciudadanos y profesionales sanitarios, ahora le toca el turno a las Leyes monográficas sobre  derechos de los pacientes al final de la vida. La Comunidad Autónoma de las Islas Canarias ha sido la cuarta Comunidad Autónoma en regular este tipo de derechos a través de una Ley que, la verdad, no aporta nada nuevo respecto a otras leyes anteriores muy similares (Andalucía, Aragón y Comunidad Foral de Navarra).