Breve comentario a la Ley 1/2015 del 9 de febrero de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida

Introducción

Si en la pasada década asistimos a la proliferación de leyes autonómicas sobre regulación de derechos y deberes de los ciudadanos y profesionales sanitarios, ahora le toca el turno a las Leyes monográficas sobre  derechos de los pacientes al final de la vida. La Comunidad Autónoma de las Islas Canarias ha sido la cuarta Comunidad Autónoma en regular este tipo de derechos a través de una Ley que, la verdad, no aporta nada nuevo respecto a otras leyes anteriores muy similares (Andalucía, Aragón y Comunidad Foral de Navarra).

Así es, buena parte del articulado de la Ley reproduce derechos reconocidos de en la legislación básica estatal- tal es el caso del derecho a la información, derecho a realizar la manifestación anticipada de voluntad, derecho al consentimiento informado-, así como en otras Leyes autonómicas, más en concreto la pionera Ley 2/2010 de 8 de abril, de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte (Andalucía), de la que la ley canaria es una copia. Por tanto pocas novedades y abundante reiteración de derechos ya previstos en otras leyes autonómicas, de entre los que cabría destacar los siguientes:

  1. Derecho del paciente a rechazar cualquier  tratamiento médico, incluida la retirada de una medida de soporte vital.
  2. Derecho a recibir tratamientos paliativos, incluida la sedación paliativa.
  3. Derechos orientados al confort y bienestar del paciente terminal: derecho al acompañamiento de familiares o derecho a la estancia en habitación individual.
  4. Acceso a los Comités de Ética Asistencial para la resolución de discrepancias entre profesionales sanitarios y pacientes.

Primero

La Ley canaria proyecta su aplicación sobre todas aquellas “personas que se encuentren en el proceso final de su vida”, entendiendo por tales todas aquéllas que están afectadas por una enfermedad grave, irreversible y el pronóstico mortal, que se encuentran en situación terminal o de agonía, o “personas que afronten decisiones relacionadas con dicho proceso”. Ésta última expresión resulta demasiado ambigua ya que no determina cuál es el estado desde el punto de vista clínico en el que dichas personas deben encontrarse. Por ejemplo, ¿quedarían incluidos al amparo de esta imprecisa referencia legal pacientes afectados por una minusvalía grave crónica –tetraplejia, distrofia muscular…- que desean poner fin a sus días con desconexión del respirador artificial? Esta misma interrogante también cabría hacerla extensiva a  las personas en “estado vegetativo persistente”, que pueden permanecer esta  situación durante años – la joven italiana Eluana Englaro, en estado vegetativo desde el año 1992 hasta el momento de su muerte en el año 2009, o la estadounidense Karen Quinlan que permaneció en coma desde 1975 hasta 1985.

En el caso de atención a personas en “estado vegetativo persistente” la Ley no facilita en su artículo 5 una definición de lo que se ha de entender por este estado, aunque sí señala en su art. 21.4 que en estos casos “la adecuación del esfuerzo terapéutico” requiere la opinión coincidente de al menos otros dos profesionales sanitarios de los que participen en la atención sanitaria del paciente. Al menos uno de ellos deberá ser personal facultativo médico y otro, la enfermera o enfermero responsable de los cuidados (art. 21. 4).

Entre los aspectos más relevantes de la Ley quizá cabría reseñar el reconocimiento expreso del derecho que tiene toda persona a rechazar la intervención propuesta por los profesionales sanitarios aunque pueda poner en peligro su vida (art. 8.1), previsión ésta un tanto superflua si se entendiera que el ámbito de aplicación de la Ley debe limitarse exclusivamente a las personas que ya se encuentran en el umbral del final de su vida (pacientes terminales).

Respecto a la posición de los profesionales sanitarios ante la toma de decisiones, la Ley únicamente regula los deberes (art. 1) sin mencionar los posibles derechos de este colectivo, en particular el derecho a la objeción de conciencia sanitaria sobre el que sí se pronuncia, por ejemplo,  el Decreto 58/2007 de 27 de abril, que desarrolla la Ley de voluntades anticipadas de las Islas Baleares (art. 4 “objeción de conciencia”). El legislador canario ha preferido subrayar el deber de los profesionales sanitarios de abstenerse de imponer criterios de actuación basados en sus creencias o convicciones personales, morales, religiosas o filosóficas (art. 18.2).

Tampoco encontramos en el articulado de la Ley respuesta a los problemas que suscita la alimentación e hidratación artificial. ¿Estamos ante “cuidados básicos” indisponibles para el paciente y que el profesional sanitario debe garantizar en todo caso,  o por el contrario, merecen la consideración de “tratamiento sanitario”?

Segundo

Quedaría por último el espinoso asunto de la minoría de edad que la Ley canaria, al igual que la andaluza (el art. 11 de la Ley canaria coincide con el art. 11 de la Ley andaluza, no solo en el ordinal sino en la rúbrica y contenido; asombroso) no resuelve de forma satisfactoria al limitarse a decir que:

1.- Si es menor de edad y NO es capaz intelectual ni emocionalmente, el consentimiento corresponde a los representantes legales.

Nada que objetar al respecto.

2.- La prestación de consentimiento por parte de pacientes menores de edad se ajustará a lo dispuesto en el art. 9.3.c) de la Ley 41/2002, que como muy bien conocen nuestros lectores, no se caracteriza precisamente por su claridad.

¿Habría que respetar los deseos de un paciente menor de edad que SÍ es capaz intelectual y emocionalmente de entender el alcance de la intervención sanitaria propuesta? ¿Tendría cabida en este tipo de situaciones clínicas la figura doctrinal conocida como “menor maduro”?.

La otra opción hubiese sido que el legislador canario, en lugar de poner sus ojos en la Ley andaluza 2/2010, se hubiese inspirado en la Ley 10/2011, de 24 de marzo de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de morir y de la muerte (Aragón), en cuyo caso la respuesta a esta problemática hubiese sido, sin duda, mucho más clara e inequívoca, pero también sorprendente.

En efecto, la Ley aragonesa atribuye la titularidad del “derecho a decidir” a las personas menores mayores de catorce años, que podrán prestar por sí mismas consentimiento informado y otorgar documento de voluntades anticipadas. Si el paciente menor mayor de catorce años no está en condiciones de decidir, la intervención sanitaria solo será posible cuando lo exija el interés del mismo apreciado por uno de los titulares de la autoridad familiar o por el tutor y, subsidiariamente, por el Juez. (art. 11.3). Evidentemente alguien no tuvo en cuenta la legislación básica estatal al permitir, en contra de lo que establece la Ley 41/2002, de 14 de noviembre en relación con las instrucciones previas (mayoría de edad), que un joven con quince años pueda formalizar documento de voluntades anticipadas/instrucciones previas/testamento vital. Las paradojas legislativas del Estado autonómico.

En definitiva, una Ley que, al igual que el resto de la leyes autonómicas aprobadas hasta la fecha, de nada serviría ante peticiones como la realizada recientemente por la joven chilena Valentina Maureira, de 14 años de edad, afectada de fibrosis quística desde su nacimiento y con sus órganos muy deteriorados – pulmón e hígado- que en un vídeo que ella misma colgó en su perfil en Facebook solicitaba a la Presidenta de su país que se autorizara una inyección “que me duerma para siempre“.

http://www.elmundo.es/internacional/2015/02/27/54f0de82ca474176248b4579.html

Vicente Lomas Hernández

Doctor en Derecho.
Licenciado en Ciencias Políticas.
Jefe de Servicio de Coordinación Regional de Asesorías Jurídicas del Sescam

1 comentario

Iren

about 9 meses ago

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