Artículos en Legislación

No existe responsabilidad patrimonial por los daños morales derivados del sacrificio de un perro ordenado por posible contagio del virus del Ébola contraído por su propietaria

Nota a la Sentencia 237/2017 de 6 Abril de 2017 (rec. 273/2015) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 10ª)

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 10ª, Sentencia 237/2017 de 6 Abr. 2017, Rec. 273/2015) ha resuelto que la Comunidad de Madrid no está obligada a indemnizar a los dueños del perro  “Excálibur” por el sacrificio ordenado administrativamente debido a la sospecha de un posible contagio de Ébola en octubre de 2014, en virtud de la  resolución de la Consejería de Sanidad de 26 de febrero de 2015, posteriormente ratificada  por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid.

Regulación de los derechos del paciente al final de la vida: la Ley 4/2017, de 9 de marzo de Madrid, el Proyecto de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y el Proyecto de Ley del Principado de Asturias sobre derechos y garantías de la dignidad de las personas al final de la vida

La regulación de los derechos de los pacientes al final de la final constituye a día de hoy una de las asignaturas pendientes que tiene la legislación sanitaria de nuestro país. Transcurridos quince años desde la aprobación de la Ley 41/2002, seguimos sin contar con una legislación estatal sobre los derechos y los deberes de los ciudadanos y profesionales sanitarios en relación con el derecho a morir, un vacío que se ha ido colmando progresivamente a través de la cada vez más abundante legislación autonómica. La última de las leyes aprobadas ha sido la Ley 4/2017, de 9 de marzo de la Comunidad de Madrid, justo cuando se encuentra en fase de tramitación parlamentaria la proposición de ley presentada por el grupo parlamentario de “Ciudadanos” y, a nivel autonómico, el proyecto de ley del Principado de Asturias sobre derechos y garantías de la dignidad de las personas al final de la vida.

A lo largo de este artículo se realiza un breve estudio comparativo de los tres textos antes citados con el fin de mostrar cuáles son los principales puntos en común  así como las diferencias existentes entre ellos.

La falta de transparencia en la política del medicamento

La sociedad española actual, democrática y participativa, quiere conocer en profundidad las razones en que se apoyan los gobiernos y las autoridades públicas para tomar sus decisiones, en especial de aquellas que afectan muy directamente a necesidades esenciales de las personas, como lo es el acceso a los medicamentos que necesitan. Por ello, los representantes sociales exigen a los responsables públicos que sean totalmente transparentes en sus decisiones, esto es, que hagan públicas las causas o motivos en que se basan para adoptarlas, y también que permitan a los ciudadanos el acceso a toda la información y documentación existente que haya servido de soporte para tomar las decisiones, particularmente cuando estas sean contrarias a los intereses manifestados mayoritariamente por los ciudadanos.

El pleno del Tribunal Constitucional avala la constitucionalidad de la reforma estructural del Sistema Nacional de Salud del Real Decreto ley 16/2012

Importante es el contenido de la reciente Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 21 de julio de 2016, dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 4123/2012 interpuesto por el Parlamento de Navarra contra diversos artículos (1.Uno y, por conexión, 1.Dos; 2.Dos, Tres y Cinco; 4.Doce, Trece y Catorce; y disposiciones adicional tercera y transitoria primera) del Real decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Dicho decreto ley había sido objeto de severas críticas desde los ámbitos político, social y académico. Entre los agentes críticos con dicha norma se encontraba nuestra Asociación.

Una sentencia del TSJ de Cataluña avala que el régimen jurídico de la jornada y descansos del Estatuto Marco es de aplicación a los centros sanitarios concertados de Cataluña

El sindicato Metges de Catalunya había interpuesto una demanda de impugnación del 1r. Convenio colectivo de trabajo de los hospitales de agudos, centros de atención primaria, centros sociosanitarios y centros de salud mental, concertados con el Servicio Catalán de la Salud,  dirigida contra las asociaciones empresariales y sindicatos firmantes del convenio, por la que solicitaba la declaración de su nulidad por múltiples motivos.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en sentencia núm.10/2016, de fecha 9 de mayo de 2016, que ha sido notificada a las partes el 17 del mismo mes, ha desestimado una por una todas las pretensiones del sindicato de médicos.