Artículos en Sanidad pública

SJC-A nº 2 de Albacete, de 31 de marzo de 2016, nº 49. El paciente no tiene derecho a conocer la identidad del profesional que accede a su historia clínica.

La Sentencia confirma que el paciente no tiene derecho a conocer la identidad de los profesionales sanitarios que han accedido a su historia clínica. En el presente caso una matrona, personal estatutario del Sescam, ante las sospechas de acceso indebido a su historia clínica solicita de la Gerencia que le informe sobre la identidad de los profesionales que han tenido acceso a su HC, y con qué fin lo habían hecho.

TTIP, salmón transgénico y derecho a regular a favor de la salud pública

La Unión Europea viene realizando una intensa política comercial en los últimos años que ya ha cristalizado en la firma de varios Acuerdos de Libre comercio con terceros países. Sin embargo, ha sido la actual negociación con Estados Unidos la que ha hecho saltar todas las alarmas por su impacto en la salud de la población y en los derechos de los ciudadanos. Me refiero al Acuerdo de Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, más conocido como ATCI o TTIP, por sus siglas en inglés. Pero ¿por qué ha de resultarnos tan preocupante el TTIP?

Minoría de edad y Derecho Sanitario: la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio y la ley 26/2015, de 28 de julio

Las recientes modificaciones normativas que se han producido en el sistema de protección a la infancia y la adolescencia en el mes de julio de 2015 con la aprobación de la LO 8/2015, de 22 de julio, y Ley 26/2015, de 28 de julio, incorporan previsiones de gran interés desde el punto de vista sanitario así como una relevante modificación del art. 9 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre. Con esta última modificación se restringe considerablemente la autonomía del paciente menor de edad, y se judicializa el proceso de toma de decisiones en aquéllos supuestos en los que el consentimiento haya de otorgarlo el representante legal o las personas vinculadas por razones familiares o de hecho, y la decisión cuestionada hiciese prevalecer la dignidad de la persona frente a la conservación a toda costa de la vida del paciente.

El maltrato prenatal

El presente estudio tiene por objeto presentar las dificultades que existen para prevenir el maltrato prenatal, considerando como tal el perjuicio que deriva de hábitos o comportamientos tóxicos de la gestante que, según evidencia científica, comprometen la salud del feto.

Se trata de una realidad lamentablemente común a la que se enfrentan los ginecólogos y obstetras, en el seguimiento de los embarazos sometidos a su atención, así como los pediatras, en la asistencia a los menores que sufren las consecuencias de comportamientos perjudiciales durante su gestación.

La cuestión es que el soporte que ofrecen las leyes para aplicar las medidas preventivas y terapéuticas destinadas a prevenir el maltrato prenatal se enfrenta a la dificultad de articular esas medidas y a los inconvenientes de obligar su aplicación de forma que sean eficaces, en la medida posible.

El maltrato prenatal ha sido objeto de atención expresa en la Ley 14/2010, del 27 de mayo, de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia, equiparándolo a la situación de desamparo.

Según el Tribunal Constitucional las formas de gestión privadas por sí mismas no ponen en riesgo la naturaleza pública del servicio sanitario

En una reciente sentencia del Tribunal Constitucional dictada en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 senadores del Grupo Socialista contra la Ley de Medidas fiscales y administrativas de la Comunidad de Madrid para el año 2013 (STC de 30 de abril de 2015), declara inconstitucional el artículo de la Ley que establecía que cuando la gestión de los centros de atención primaria se realizara por cualquiera de las fórmulas admitidas en derecho, se podía ofrecer la gestión de estos centros preferentemente a sociedades de profesionales constituidas total o mayoritariamente por los profesionales sanitarios del Servicio Madrileño de Salud porque esta preferencia no tiene nada que ver con la solvencia técnica, económica y profesional y produce el efecto de excluir a otros licitadores vulnerando el principio de igualdad y es contraria a la legislación básica del Estado en materia de contratos y concesiones administrativas.