Comentario a la STC de 25 de junio de 2015 sobre la extensión del derecho a la objeción de conciencia sanitaria al personal farmacéutico que se niegue a disponer de la píldora post-coital

Introducción.- Planteamiento general sobre el derecho a la objeción de conciencia

La problemática actual en torno a la naturaleza y extensión del derecho a la objeción de conciencia se resumiría en si tiene cabida en nuestro Ordenamiento Jurídico, más allá de la objeción de conciencia al servicio militar reconocida en el art. 30.2 de la CE, la existencia de un derecho general a la objeción de conciencia residenciado en la libertad ideológica y religiosa (art. 16 de la CE), o si, por el contrario, únicamente cabe invocar la objeción de conciencia en los supuestos en que una Ley así lo haya reconocido expresamente, como así sucede en el art. 19.2 de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, y con la cautela de que en este último caso la Ley, lejos de efectuar un reconocimiento indiscriminado de este derecho, lo limita a los profesionales sanitarios directamente implicados en su realización.

Para los partidarios de la primera de las tesis anteriormente expuesta, el profesional sanitario sí podría recurrir directamente a la objeción de conciencia para justificar su negativa a cumplir un deber jurídico, sin necesidad por ello de esperar a un previo reconocimiento legal ya que estaríamos ante un derecho fundamental.

Por el contrario, para quienes defienden que la objeción de conciencia no es en sí misma un derecho fundamental y que su válido ejercicio quedaría supeditado a su previa regulación legal, su reconocimiento como derecho fundamental socavaría los pilares del Estado y pondría en grave riesgo la convivencia. Como dijera la STC 161/1987, de 27 de octubre “la objeción de conciencia con carácter general, es decir el derecho a ser eximido del cumplimiento de los deberes constitucionales o legales por resultar ese cumplimiento contrario a las propias convicciones, no está reconocido ni cabe imaginar que lo estuviera en nuestro Derecho o en Derecho alguno, pues significaría la negación misma del Estado”.

El posicionamiento del TC sobre tan espinoso asunto ha sido muy vacilante hasta el punto que los defensores de ambas tesis pueden decir, sin temor a equivocarse, que cuentan con el respaldo del máximo intérprete de nuestra Carta Magna. Así, y de forma muy resumida, cabría citar las SSTC 15/82, de 23 de abril, y 53/1985, de 11 de abril, en apoyo a quienes defienden el carácter fundamental de este derecho, mientras que las SSTC 160/1987 y 161/1987 rechazan, como ya he señalado anteriormente, la existencia de un derecho fundamental a la objeción de conciencia.

II.- La STC y la extensión del derecho a la objeción de conciencia sanitaria a los farmacéuticos renuentes a disponer de existencias de la píldora del día después.

En este contexto normativo la reciente STC objeto de comentario se pronuncia sobre el recurso de amparo por vulneración del derecho a la objeción de conciencia interpuesto por el cotitular de una oficina de farmacia, que había sido sancionado por la Comunidad Autónoma de Andalucía por su negativa a disponer en su establecimiento de las existencias mínimas de la píldora post-coital debido a sus posibles efectos abortivos, así como de preservativos.

La STC enfoca la pretendida objeción de conciencia del farmacéutico como una variante de la objeción de conciencia sanitaria a la práctica del aborto, de modo que la fundamentación jurídica del fallo pivota, en gran medida, sobre la doctrina fijada en la STC 53/85 sobre su despenalización. Así pues, el TC establece una equiparación entre el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, y el derecho a la objeción de conciencia de los farmacéuticos a la dispensación de este medicamento.

No obstante conviene precisar que la sanción impuesta por la Consejería de Salud de Andalucía al farmacéutico demandante en amparo lo fue, no por negarse a dispensar la citada píldora, sino por incumplir el deber de tener un mínimo de existencias de este fármaco. Por ello, como veremos más adelante, quizá el pretendido derecho a la objeción de conciencia debería haber sido analizado no desde la perspectiva de la relación clínica farmacéutico-paciente (dispensación), sino desde la óptica de la relación con la Administración sanitaria (almacenamiento), lo que a su vez, obligaría a cuestionarse hasta qué punto resultaría aplicable a este supuesto objeto de comentario la doctrina recogida en la STC de 1985 sobre interrupción voluntaria de embarazo.

A partir del planteamiento anterior –equiparación a estos efectos de la “interrupción voluntaria del embarazo” y “píldora post-coital”- , dos son los argumentos centrales empleados por el TC para estimar el recurso interpuesto: a) la inexistencia de peligro alguno para el derecho de la mujer a acceder a los medicamentos anticonceptivos autorizados por el Ordenamiento Jurídico pues, “La farmacia regentada por el demandante se ubica en el centro urbano de la ciudad de Sevilla, dato éste del que se deduce la disponibilidad de otras oficinas de farmacia relativamente cercanas” y b) su inscripción como objetor de conciencia en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla, junto al reconocimiento de este derecho tanto en los Estatutos del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, como en el Código de Ética Farmacéutica y Deontología de la Profesión Farmacéutica.

La otra pretensión de la parte recurrente, consistente en extender el reconocimiento de este derecho a su negativa a disponer en su farmacia de preservativos, no prospera pues “el incumplimiento de la obligación relativa a las existencias de preservativos queda extramuros de la protección que brinda el precepto constitucional indicado. La renuncia del demandante a disponer de profilácticos en su oficina de farmacia no queda amparada por la dimensión constitucional de la objeción de conciencia que dimana de la libertad de creencias reconocida en el art. 16.1 de la CE”.

III.- Aspectos controvertidos de la STC.

El carácter polémico de la STC se desprende de la lectura de los votos particulares, algunos especialmente duros, formulados por cuatro de los magistrados del Pleno: Dña. Adela Asua Batarrita, D. Fernando Valdés Dal-Ré, D. Juan Antonio Xiol Ríos, y D. Andrés Ollero Tassara. Paso a continuación a recoger de forma esquemática los puntos más controvertidos de la STC:

1.- Los efectos abortivos de la píldora. Equiparación entre la objeción de conciencia al aborto y la objeción de conciencia a la dispensación de la PDD.

La STC, pese a la “falta de unanimidad científica respecto a los posibles efectos abortivos”, le atribuye a la píldora la condición de “medicamento abortivo” sin tener en cuenta que la Agencia Española del Medicamento le ha asignado la consideración de “medicamento anticonceptivo de emergencia”. No se trataría, por tanto, de supuestos equivalentes.

2.- La STC deja fuera de la protección que brinda el art. 16 de la CE (libertad ideológica), el incumplimiento por el farmacéutico del deber de disponer en su establecimiento de existencias suficientes de preservativos.

Resulta contradictorio que el TC excluya del ámbito de aplicación del derecho a objeción de conciencia la pretensión del recurrente a no disponer de preservativos cuando, realmente, tanto la píldora como los preservativos son métodos anticonceptivos.

3.- Reconocimiento del derecho general a la objeción de conciencia.

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea supedita el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia (art. 10.2) a lo dispuesto en las leyes nacionales que regulan su ejercicio. Por otra parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos – Sentencia de 2 de octubre de 2001- en un caso en el que inadmite el recurso interpuesto por dos farmacéuticos franceses que habían sido sancionados por negarse a dispensar en sus oficinas de farmacia píldoras anticonceptivas, recuerda que el art. 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos no garantiza en todo caso el derecho a comportarse en el ámbito público de la manera que dicten las convicciones personales.

A nivel nacional, la STC objeto de análisis no tiene en cuenta los últimos pronunciamientos del TC sobre este mismo asunto en los que se afirma que el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia queda sujeto a la “interpositio legislatoris”, de modo que su reconocimiento exige una previa regulación por parte del legislador.

Más recientemente, la STSJ de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 18 de febrero de 2013, nº rec 648/2012, negaba la condición de derecho fundamental del derecho a la objeción de conciencia en relación con la pretensión de los profesionales sanitarios a negarse a realizar cualquier acto relacionado con la interrupción voluntaria del embarazo, en concreto los médicos de familia, que se negaban a facilitar información sobre la I.V.E.

4.- El derecho a la objeción de conciencia del farmacéutico a dispensar la píldora en el Ordenamiento Jurídico.

El Ordenamiento no solo no contempla el derecho general a la objeción de conciencia (ver apartado anterior), sino que tampoco ha previsto que la obligación de dispensar medicamentos pueda verse exceptuada por cuestiones ideológicas.

Éste constituye en mi opinión el otro gran aspecto controvertido de la STC. Es cierto que ni la anterior Ley 29/2006, de 26 de julio, ni el vigente Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, reconocen abiertamente el derecho a la objeción de conciencia de los farmacéuticos. Sin embargo sí hay quienes consideran que el reconocimiento de este derecho se encontraría implícito en el hecho de que la Ley sancione al farmacéutico que se niegue a dispensar un medicamento siempre que no concurra “causa justificada” (art. 108 de la Ley del Medicamento; art. 111.2 del RD-Legislativo 1/2015, de 24 de julio). Según esta corriente de opinión [1], el ejercicio de la libertad de creencias sí constituiría una “causa justificada”, pues de lo contrario se negaría al farmacéutico la posibilidad de ejercer su profesión con responsabilidad, a la vez que privaría a la población de los beneficios que reporta la participación activa de los farmacéuticos en el cuidado y promoción de la salud. Asimismo los defensores de este planteamiento apelan al carácter fundamental del derecho a la objeción de conciencia, lo que permitiría que pueda ser alegado sin necesidad de regulación específica y en el momento en que su intervención sea requerida.

Sin embargo hay que advertir que la Ley solo menciona este supuesto de exención de responsabilidad en relación con el incumplimiento del deber legal de dispensación, pero no así en relación con el deber legal de disponer de las existencias de medicamentos adecuadas para la normal prestación de sus actividades o servicios. En este otro caso –que recordemos es el que se plantea en la STC- su incumplimiento constituye una infracción administrativa muy grave para la que el legislador no contempla la concurrencia de algún tipo de “causa justificada” que permita eludir la responsabilidad sancionadora.

En cualquier caso asistimos a una paradoja normativa de nuestro OJ; mientras que el legislador estatal no reconoce expresamente el derecho del farmacéutico a la objeción de conciencia, hay cuatro Comunidades Autónomas que sí extienden por Ley a este colectivo profesional el derecho a la objeción de conciencia sanitaria: Ley 8/1998, de 16 de junio, de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Autónoma de La Rioja.; Ley 5/1999, de 21 de mayo, de ordenación farmacéutica (Galicia); Ley de Cantabria 7/2001, de 19 de diciembre, de Ordenación Farmacéutica de Cantabria; a Ley 5/2005, de 27 de junio, de Ordenación del Servicio Farmacéutico de Castilla-La Mancha.

5.- Validez jurídica del reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia del farmacéutico por los Estatutos colegiales.

Una parte esencial de la fundamentación jurídica de la STC descansa en el reconocimiento que de este derecho se hace tanto por parte de los Estatutos del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, como del Código de Ética Farmacéutica. Sin embargo los Estatutos no pueden crear “ex novo” derechos fundamentales ni regular su ejercicio al margen de la Ley.

Es cierto que un sector minoritario de la doctrina [2] sí atribuye valor jurídico a los Códigos Deontológicos en base a lo previsto en el art. 4.5 de la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias y el art. 19 apartado b) del Estatuto Marco.

6.- La objeción de conciencia y el incumplimiento del deber de la oficina de farmacia a disponer de existencias mínimas de este medicamento.

Como ya se ha anticipado, la sanción administrativa no trae su causa en la negativa del farmacéutico recurrente a dispensar la píldora, sino que la sanción se impuso a los dos farmacéuticos cotitulares de la oficina de farmacia por incumplir el deber de contar con el mínimo de existencias de este medicamento establecidas normativamente. Desde esta perspectiva, por tanto, no tendría cabida la objeción de conciencia porque no habría conflicto moral alguno, y por tanto, lo procedente hubiera sido desestimar el recurso.

El conflicto con la defensa del derecho a la vida tan solo se podría suscitar en el momento de la dispensación, que es cuando sí se podría materializar el riesgo abortivo del medicamento. Únicamente sería posible la objeción de conciencia frente a la obligación de almacenamiento de este medicamento si se entendiese que, con el cumplimiento de este deber, el recurrente estaría contribuyendo a la producción y financiación de un fármaco que a su juicio atenta contra el derecho a la vida, argumento éste que no emplea la STC.

7.- Labor de ponderación realizada entre el derecho a la objeción de conciencia y el derecho a la salud.

La Sentencia considera que en este caso no se ve amenazado el derecho de la mujer a acceder a este tipo de medicamentos debido a la céntrica ubicación de la oficina de farmacia en la localidad de Sevilla, “dato éste del que se deduce la disponibilidad de otras oficinas de farmacia relativamente cercanas”. El Tribunal parte, por tanto, de una mera presunción sin aportar dato objetivo alguno sobre cuáles y cuantas farmacias se encuentran en su proximidad y a qué distancia.

8.- La titularidad del derecho a la objeción de conciencia: persona física y persona jurídica.

El deber legal de dispensación de medicamentos recae sobre las oficinas de farmacia, mientras que la objeción de conciencia se configura como un derecho de titularidad individual. En este sentido el Comité de Bioética de España, afirmaba que no cabe ejercitar este derecho de forma colectiva ni institucional” y por tanto “los centros nos podrán esgrimir la objeción de conciencia de forma institucional

III.- Repercusión de la STC: la problemática de las zonas rurales.

Pese a que la STC efectúa una interpretación amplia del contenido del derecho a la objeción de conciencia, configurado como una derivación del derecho fundamental consagrado en el art. 16 de la CE, lo cierto es que las consecuencias prácticas de la STC deberían circunscribirse exclusivamente al ejercicio de la profesión sanitaria titulada de farmacéutico y la píldora del día después. No olvidemos que el eje central de la Sentencia gira en torno al paralelismo que establece el Tribunal entre la STC de 1985 sobre la “interrupción voluntaria del embarazo” y los efectos abortivos de la píldora del día después, de modo que no cabría extrapolar el reconocimiento de la objeción de conciencia sanitaria a otros supuestos.

A partir de esta STC, y pese a que la Ley no contempla ningún supuesto las distintas Administraciones Sanitarias tendrán que conocer qué oficinas de farmacia están regentadas por farmacéuticos objetores de conciencia para poner los medios necesarios que eviten que el ciudadano pueda ver afectado su derecho al acceso a la prestación farmacéutica. El problema se planteará fundamentalmente en las zonas rurales y aisladas pues hay que tener muy en cuenta que el efecto de la medicación solo es efectivo en las 72 horas posteriores a la relación sexual, de modo que si no hubiera nadie más que el profesional objetor, éste vendrá obligado no solo a disponer en su oficina de farmacia de existencias suficientes, sino también a dispensar el medicamento solicitado. Como muy bien dijera María Casado en su voto particular al documento del Comité de Bioética de España, de 13 de octubre de 2011, sobre la objeción de conciencia en sanidad, “la prestación del servicio es el límite insoslayable para la objeción de conciencia del personal sanitario implicado. Así pues, la prestación del servicio es la regla, no la excepción”.

En el ámbito de la sanidad pública también se podría reproducir este tipo de conflictos, ya que las CCAA han ampliado el deber legal de dispensación de este fármaco a los centros de salud, puntos de atención continuada, servicios de urgencia hospitalarios y centros de orientación familiar para que no se vea menoscabado el derecho de la mujer su salud sexual y reproductiva como consecuencia de la objeción de conciencia ejercida por el farmacéutico. (Véase en este sentido, y a modo de ejemplo, la Orden de 3 de octubre de 2005 del Departamento de Salud y Consumo de Aragón).

[1] López Guzmán, J. Objeción de conciencia farmacéutica, cit, p 95-96; Alenda Salinas, M. La píldora del día después: su conflictividad jurídica como manifestación de la objeción de conciencia farmacéutica.

[2] A. González-Varas Ibáñez “La objeción de conciencia del farmacéutico”.

Vicente Lomas Hernández

Doctor en Derecho.
Licenciado en Ciencias Políticas.
Jefe de Servicio de Coordinación Regional de Asesorías Jurídicas del Sescam

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