El pleno del Tribunal Constitucional avala la constitucionalidad de la reforma estructural del Sistema Nacional de Salud del Real Decreto ley 16/2012

Importante es el contenido de la reciente Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 21 de julio de 2016, dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 4123/2012 interpuesto por el Parlamento de Navarra contra diversos artículos (1.Uno y, por conexión, 1.Dos; 2.Dos, Tres y Cinco; 4.Doce, Trece y Catorce; y disposiciones adicional tercera y transitoria primera) del Real decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Dicho decreto ley había sido objeto de severas críticas desde los ámbitos político, social y académico. Entre los agentes críticos con dicha norma se encontraba nuestra Asociación.

El Parlamento Foral de Navarra planteaba en su recurso dos órdenes de cuestiones. La primera cuestionaba la concurrencia de la “extraordinaria y urgente necesidad” exigida por el artículo 86.1 CE para la utilización del decreto-ley y la segunda entendía que la norma impugnada vulneraba los límites materiales aplicables al decreto-ley puesto que afectaba a derechos constitucionales y al régimen constitucional de las Comunidades Autónomas.

Nuestro Alto Tribunal entiende que a pesar de tratarse de una reforma estructural del SNS ello no obsta para la utilización del Decreto-ley, puesto que el carácter estructural de la reforma no excluye que se pueda tratar de atajar un supuesto de extraordinaria y urgente necesidad, citando en la sentencia su propia doctrina anterior al respecto (STC 183/2014, FJ 5).

Tras analizar profusamente si existió suficiente explicación razonada de los motivos tenidos en cuenta por el Gobierno y la conexión entre la situación de urgencia y la medida concreta adoptada, el TC concluye que:

1º) Concurre el presupuesto habilitante exigido por el artículo 86.1 CE (urgencia y conexión de las medidas).

2º) La nueva concepción de asegurado y beneficiario en relación con la asistencia sanitaria sostenida con fondos públicos es coherente y congruente con la situación económica deficitaria que se pretende controlar.

En relación con el segundo motivo de inconstitucionalidad que era la vulneración de la prohibición que establece el art. 86.1 CE de afectación a los derechos de los ciudadanos reconocidos por el Título I CE en relación con el artículo 43 CE, tras recordar que la doctrina del Tribunal está recogida en el ATC 179/2011, de 13 de diciembre, FJ 7, pasa a examinar cual es el tratamiento constitucional del derecho a la protección de la salud (art. 43 CE).

EL TC parte del criterio de que el art. 43 CE no ostenta las características de derecho cuya regulación por decreto-ley impide el artículo 86.1 CE, por tratarse dicho precepto de un principio rector de la política social y económica por lo que su reconocimiento, respeto y protección depende del legislador ordinario, de la práctica judicial y de la actuación de los poderes públicos. Dicho de otro modo el art- 43 CE como principio rector carece de contenido constitucionalmente esencial y se trata sólo de un mandato a los poderes públicos, de un derecho de configuración legal que permite al legislador ordinario redefinir, con un amplio margen de configuración, los derechos y obligaciones de los titulares del mismo.

A partir de dicho planteamiento la sentencia desgrana una por una las quejas formuladas por la Letrada del Parlamento Foral para desestimarlas:

  1. Regulación de las condiciones de acceso a la asistencia sanitaria pública a partir de los conceptos de asegurado y beneficiario.
  2. Aportación de los usuarios en la financiación de determinadas prestaciones sanitarias.
  3. Vulneración del derecho a la protección de datos de carácter personal ex.. art. 18.4 CE por la aportación de información tributaria sin consentimiento del interesado para su incorporación a la tarjeta individual sanitaria.
  4. Infracción de los límites materiales del decreto-ley por vulneración del régimen de las Comunidades Autónomas.

La STC sólo declara inconstitucional y nulo, por vulneración de la reserva de ley, el inciso “siempre que acrediten que no superan el límite de ingresos determinado reglamentariamente” del art. 3.3 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de salud, en la redacción dada al mismo por el art. 1.Uno del Real Decreto-ley 16/2012.

Más allá de los razonamientos jurídicos del TC que llevan a la desestimación del recurso me interesa destacar las reflexiones que plantea respecto al modelo adoptado por la norma que a mi modo de ver choca frontalmente con el concepto de universalidad que de forma progresiva se había venido desarrollando desde la aprobación de la Ley General de Sanidad (pensionistas de clases pasivas, personas sin recursos económicos, perceptores de prestaciones no contributivas, menores de edad, extranjeros en territorio español eran algunos de los colectivos que se habían beneficiado de la universalización) y, como reconoce el propio Tribunal, supone un punto de inflexión en la política sanitaria de nuestro país:

La norma cuestionada adopta un modelo que se sustenta principalmente en la conexión entre la cotización al sistema de la Seguridad Social y el derecho a recibir las correspondientes prestaciones sanitarias en condiciones de gratuidad o bonificación. La nueva regulación de la condición de asegurado supone un cambio  en la política de progresiva extensión de la asistencia sanitaria gratuita o bonificada, que se aprecia a partir de la creación del SNS y de la gradual incorporación como titulares de las prestaciones de colectivos a los que no alcanzaba la condición de asegurado de la Seguridad Social. Como es evidente, el solo hecho del cambio de criterio del legislador en nada afecta a la constitucionalidad de la medida, ya que la Constitución no ha prefigurado directamente un contenido prestacional que el legislador deba reconocer necesariamente a cualquier persona….(FJ 8)

El TC, pese a reconocer la constitucionalidad del Decreto-ley, no duda en calificar de “giro en la anterior política” el cambio normativo que examina:

Es cierto que, desde la óptica del principio de universalidad, resulta claro el contraste resultante que se produce entre la nueva regulación de la condición de asegurado y la limitación de la cobertura que resulta de las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 16/2012 y el marco normativo preexistente. Supone un giro en la anterior política de progresiva extensión de la asistencia sanitaria gratuita o bonificada, a partir de la creación del SNS (FJ 8).

Habiendo decaído la crítica de inconstitucionalidad de la reforma estructural introducida por el Gobierno mediante Real Decreto-ley, sólo queda esperar que la crítica política y social de la reforma se abra paso y que un nuevo legislador enmiende la plana y vuelva a poner al Sistema Nacional de la Salud por la senda de la universalización cuyas bases sentó la Ley General de Sanidad y a la que se refieren otras normas  como la Ley de Extranjería, la Ley de Cohesión y Calidad del SNS y la Ley General de Salud Pública, así como multitud de leyes autonómicas, y acabe consiguiéndose el objetivo.

Francesc José María Sánchez

Abogado. Vocal de la Junta Directiva de AJS.

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