ESPALDARAZO DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO A LA TRANSPARENCIA EN LA FIJACIÓN DEL PRECIO DE LOS MEDICAMENTOS

La campaña NO ES SANO es una organización de la sociedad civil que tiene como propósito la defensa y promoción del acceso universal a los medicamentos como parte indispensable del derecho a la protección de la salud, así como la transformación del actual modelo de innovación de los medicamentos. Su objetivo es impulsar el compromiso del gobierno, de los partidos políticos y de otras instituciones por un cambio en el modelo de innovación biomédica, promoviendo para ello un debate público y político informado sobre los problemas del sistema actual de I+D en innovación médica y su impacto en el acceso a los medicamentos y en la sostenibilidad del sistema público de salud. La iniciativa está promovida por Salud por Derecho, Médicos del Mundo, la Organización Médica Colegial de España (OMC), la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la Asociación por el Acceso Justo al Medicamento (AAJM), la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), la Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU), No Gracias y cuenta con el apoyo de OXFAM e ISGlobal.

NO ES SANO considera indispensable introducir la transparencia en todo el sistema de innovación biomédica y de la política del medicamento como primer paso hacia la promoción de un debate público informado, para lo que es imprescindible conocer los precios máximos (PVL) fijados por la Comisión Interministerial del Precio de los Medicamentos, los precios reales de compra de medicamentos por parte del Sistema Nacional de Salud, así como los criterios, dosieres de precio y acuerdos de aprobación y financiación de medicamentos incluidos en la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud.

En esta línea de actuaciones, con fecha de 19 de febrero de 2018, desde la campaña NO ES SANO se remitieron tres escritos a la Unidad de Información de Transparencia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en los que, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se solicitaba respectivamente la siguiente información: a) fechas de las reuniones acordadas por la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos para el año 2018; b) el precio de venta de laboratorio (PVL) autorizado unitario del medicamento SOVALDI 400MG; c) los precios de venta de laboratorio (PVL) autorizados (o precio industrial de financiación) de los medicamentos aprobados en 2017.

El Ministerio, con fecha de 13 de marzo de 2018, inadmitió el primer escrito aduciendo que la información solicitada estaba en curso de elaboración ya que las fechas de celebración de las sesiones de la Comisión Interministerial del Precio del Medicamento se fijan con escasa antelación y no existe una programación a largo plazo de dichas reuniones. Respecto del segundo escrito (precio del medicamento SOVALDI) denegó lo solicitado aduciendo que esa información estaba afectada por los límites (intereses económicos y comerciales) señalados en el apartado h) del artículo 14.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. En cuanto a la tercera solicitud, el Ministerio resolvió conceder el acceso a la información requerida remitiendo a NO Es SANO al nomenclátor disponible en la página web del Ministerio, precisando que para hallar el PVL debe aplicarse a los precios de venta al público que allí aparecen los factores de conversión que se indican por remisión a una página web, y, respecto a los criterios utilizados para fijar los precios, informa sin más que “son los recogidos en el Texto Refundido de la Ley de Garantías”.

Disconforme NO ES SANO con estas respuestas del Ministerio, con fecha de 24 de abril de 2018, presentó tres reclamaciones ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, formulando las alegaciones que consideró pertinentes a efectos de desmontar los argumentos esgrimidos por el Ministerio para inadmitir y denegar las dos primeras solicitudes, y respecto de la tercera para denunciar la insuficiencia de la información facilitada. Pues bien, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha estimado las tres reclamaciones, lo que, sin duda, es un evento muy importante en favor de la transparencia en la política del medicamento.

El 19 de julio de 2018, el Consejo dicta la primera resolución (R/0257/2018) resolviendo la reclamación relativa a la información sobre los precios de venta de laboratorio (PVL) autorizados (o precio industrial de financiación) de los medicamentos aprobados en 2017, estimándola e instando al Ministerio a que en el plazo de 15 días hábiles remitiera a NO ES SANO la información que solicitó. El Ministerio alegó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que lo pedido por NO ES SANO le exigía una acción de reelaboración por lo que era aplicable la causa de inadmisión del artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013, pero el Consejo rechazó esta alegación razonando que esa causa exige siempre una interpretación muy estricta y que no opera cuando quien la invoca no justifica de manera clara y suficiente la necesidad insalvable de ese tratamiento previo o reelaboración de la información. El Ministerio ejecuta la resolución del Consejo y el 5 de octubre de 2018 remite un escrito a NO ES SANO señalando que se concede el acceso a la información solicita y acompaña a ese escrito un listado con los preciso de todos los medicamentos autorizados en el año 2017.

El 23 de julio de 2018, el Consejo dicta la segunda resolución (R/0265/2018) resolviendo la reclamación relativa a la información sobre el calendario de las reuniones de la Comisión Interministerial de Fijación de Precios de los Medicamentos para el año 2018, estimándola e instando al Ministerio a que en el plazo de 5 días hábiles remita a NO ES SANO la información que solicitó. El Ministerio no formuló alegaciones ante el Consejo frente a la reclamación. El Consejo, con apoyo en el reglamento interno de la CIPM que obliga a la Comisión a fijar el calendario de reuniones para cada año, razona que no hacerlo permite desvelar incumplimientos de la Administración respecto de sus obligaciones de hacer, en este caso fijar un calendario de reuniones, y que, en consecuencia, debe elaborar ese calendario y comunicarlo al solicitante de la información. De momento, el Ministerio no ha facilitado a NO ES SANO la información relativa al calendario de reuniones del CIPM.

El mismo día 23 de julio de 2018, el Consejo dicta la tercera resolución (R/0266/2018) resolviendo la reclamación relativa a la información sobre PVL autorizado unitario del medicamento SOVALDI 400MG, estimándola e instando al Ministerio a que en el plazo de 10 días hábiles remita a NO ES SANO la información que solicitó. El Ministerio alegó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno un perjuicio a los intereses económicos y comerciales del laboratorio comercializador de medicamento, pero el Consejo rechaza esta alegación razonando que ese límite ya ha sido objeto de diversos pronunciamientos del Consejo y que el conocimiento del precio oficial de un medicamento no encaja en modo alguno en el límite “intereses económicos y comerciales” de la empresa según la delimitación que de los mismos se hace en esos pronunciamientos. El Ministerio ejecuta la resolución del Consejo y el 19 de septiembre de 2018 remite un escrito a NO ES SANO comunicándole que se concede el acceso a la información solicita y se le indica el PVL del medicamento SOVALDI.

Estas excelentes resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y el hecho de que el Ministerio de Sanidad las haya ejecutado facilitando los precios oficiales de los medicamentos a NO ES SANO, supone, en mi criterio, un cambio de paradigma respecto de la actual política del medicamento en la que en estos últimos años ha imperado una absoluta falta de transparencia. En efecto, desde el año 2012, la Comisión Interdepartamental del Precio de los Medicamentos sólo hace públicos los acuerdos atinentes al precio y financiación de medicamentos genéricos, pero sistemáticamente oculta los precios de los medicamentos innovadores de marca. Empero, como acertadamente razona la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de 19 de julio de 2018, (R/0257/2018) “La rendición de cuentas por las decisiones públicas en la que se basa la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, difícilmente puede garantizarse cuando, en un aspecto tan relevante desde el punto de vista social y ciudadano como el tratado por la presente resolución, no se garantiza la debida transparencia y conocimiento públicos”. Y, en efecto, todo lo atinente al precio de los medicamentos es de máxima relevancia para la ciudadanía pues está en juego su derecho de acceso al medicamento como corolario de su derecho constitucional a la protección de la salud. Las leyes de transparencia reconocen el derecho a saber de la ciudadanía, y ese derecho a saber comprende, sin duda alguna, el derecho a conocer los precios de los medicamentos financiados públicamente con sus impuestos y que, en parte, a de cofinanciar mediante el copago.

Espero que estas resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la decisión del Ministerio de ejecutarlas facilitando la información, decisión que merece nuestro aplauso, sean el precedente para que, en adelante, tanto la Comisión como el Ministerio den publicidad a todo lo relativo a la fijación de precios de los medicamentos.

Juan Luis Beltrán Aguirre

Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra

Resolución CTBG R-0257-2018

Resolución CTBG R-0265-2018

Resolución CTBG R-0266-2018

Juan Luis Beltran Aguirre

Vicepresidente de SESPAS

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