Las voluntades digitales

Cada vez más la actividad de las personas en los entornos digitales (redes sociales, …) y la preocupación sobre el legado relativo a esta actividad va en aumento. Es por ello que el Parlament de Catalunya ha aprobado la Ley 10/2017, del 27 de junio, de las voluntades digitales y de modificación de los libros segundo y cuarto del Código civil de Catalunya (publicada en el DOGC núm. 7401, del 29 de junio). Su entrada en vigor estaba prevista después de un período de 20 días de vacatio legis.

Según el Preámbulo de la ley lo que se pretende es “determinar la manera de administrar la presencia de las personas en los entornos digitales durante su minoría de edad, y en los supuestos de capacidad judicialmente modificada y muerte”.

Las llamadas “voluntades digitales” se pueden establecer en el testamento o en un documento de voluntades digitales que deberá inscribirse en un Registro electrónico cuya regulación básica así como el régimen de acceso al mismo y emisión de certificados se establece en una disposición adicional de la ley. La organización y funcionamiento de dicho Registro se habrá de establecer por reglamento.

Se entiende por voluntades digitales en caso de muerte las disposiciones que establece una persona para que después de su defunción, el heredero, albacea universal, si hay, o la persona designada para ejecutarlas actúe ante los prestadores de servicios digitales con quienes el causante tenga cuentas activas.

El causante puede disponer del contenido y alcance concreto del encargo que se ha de ejecutar. Algunas de las actuaciones previstas por la ley (no son numerus clausus) son las siguientes: 1) comunicar a los prestadores de servicios digitales la defunción; 2) solicitar la cancelación de las cuentas activas y 3) solicitar la ejecución de las cláusulas contractuales o que se activen las políticas previstas para los casos de muerte del titular de cuentas activas, así como la entrega de una copia de los archivos digitales que estén en los servidores de los prestadores de servicios.

La ley  también prevé que se pueda establecer la gestión de las voluntades digitales en los poderes que se otorguen en previsión de pérdida sobrevenida de capacidad, modificando el artículo correspondiente del  libro segundo del Código Civil de Catalunya, relativo a la persona y la familia.

También modifica el Código Civil Catalán en relación con la presencia de los hijos o tutelados en entornos digitales ordenando a progenitores y tutores que velen para que la presencia de los menores que están bajo su potestad o tutela en los entornos digitales sea apropiada a su edad y personalidad y no les genere riesgos. Para ello les faculta para promover medidas ante los prestadores de servicios digitales, entre ellas la suspensión provisional del acceso de los menores a sus cuentas activas, previa audiencia del menor y siempre que exista un riesgo claro, inmediato y grave para su salud física o mental.

El legislador ha previsto que dar cumplimiento por parte de la persona encargada de ejecutar las voluntades digitales o por la actuación de progenitores o tutores en caso de menores o personas con la capacidad modificada judicialmente, puede originar conflictos con los prestadores de servicios digitales y en este caso -aparición de conflicto- ha establecido que la controversia pueda someterse a mediación.

La mediación, de la mano de la ley, ha entrado en la sociedad de la información para resolver los conflictos que se puedan derivar de la relación entre sus agentes.

Francesc José María Sánchez

Abogado. Vocal de la Junta Directiva de AJS.

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