Según el Tribunal Constitucional las formas de gestión privadas por sí mismas no ponen en riesgo la naturaleza pública del servicio sanitario

En una reciente sentencia del Tribunal Constitucional dictada en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 50 senadores del Grupo Socialista contra la Ley de Medidas fiscales y administrativas de la Comunidad de Madrid para el año 2013 (STC de 30 de abril de 2015), declara inconstitucional el artículo de la Ley que establecía que cuando la gestión de los centros de atención primaria se realizara por cualquiera de las fórmulas admitidas en derecho, se podía ofrecer la gestión de estos centros preferentemente a sociedades de profesionales constituidas total o mayoritariamente por los profesionales sanitarios del Servicio Madrileño de Salud porque esta preferencia no tiene nada que ver con la solvencia técnica, económica y profesional y produce el efecto de excluir a otros licitadores vulnerando el principio de igualdad y es contraria a la legislación básica del Estado en materia de contratos y concesiones administrativas.

Ahora bien lo que destacamos en el título de este breve artículo son las reflexiones que hace el Alto Tribunal sobre si las fórmulas de gestión privadas vulneran o no el artículo 41 de la Constitución Española tal y como defendían los senadores socialistas recurrentes.

El TC recuerda que el carácter público del sistema de Seguridad Social no queda cuestionado por la incidencia en él de fórmulas de gestión o responsabilidad privadas y que la apertura a fórmulas de gestión privadas queda en todo caso condicionada a la preponderancia de los elementos definitorios del carácter público del sistema.

El TC razona que la gestión privada de los hospitales del Servicio Madrileño de Salud por sí sola no pone en riesgo que la institución no pueda ser reconocida por los ciudadanos como parte del sistema sanitario público.

Para el TC lo que define el servicio público es en manos de quien queda la potestad de definir las prestaciones de la cartera de servicios que son los poderes públicos, que además actúan como garantes de la calidad, atención y derechos de los ciudadanos, y su financiación con fondos públicos.

En conclusión la externalización de la gestión de los servicios públicos sanitarios no pone, según el TC, en cuestión los rasgos estructurales de la Seguridad Social ni desnaturalizan su esencia pública y, por lo tanto no se vulneran principios fundamentales en función de que la prestación se realice mediante gestión indirecta en lugar de la gestión directa.

Barcelona, 9 de mayo de 2015.

Francesc José María Sánchez

Abogado. Vocal de la Junta Directiva de AJS.

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