TTIP, salmón transgénico y derecho a regular a favor de la salud pública

La Unión Europea viene realizando una intensa política comercial en los últimos años que ya ha cristalizado en la firma de varios Acuerdos de Libre comercio con terceros países. Sin embargo, ha sido la actual negociación con Estados Unidos la que ha hecho saltar todas las alarmas por su impacto en la salud de la población y en los derechos de los ciudadanos. Me refiero al Acuerdo de Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, más conocido como ATCI o TTIP, por sus siglas en inglés. Pero ¿por qué ha de resultarnos tan preocupante el TTIP?

Su explicación técnica resulta de enorme complejidad porque el TTIP diseña un nuevo entramado institucional tanto para la creación del Derecho (a través de la cooperación regulatoria) como para su aplicación (a través del arbitraje internacional de inversiones). En este nuevo e insólito modelo las grandes empresas multinacionales ocupan un papel absolutamente relevante, de tal modo que el interés general y la salud pública parecen quedar subordinadas al mero interés económico y comercial de aquéllas. Pero tal vez el caso del salmón transgénico permita hacernos una pequeña idea de la magnitud del problema.

La Administración estadounidense acaba de aprobar para el consumo humano un salmón modificado genéticamente para crecer el doble en la mitad de tiempo. Es el primer animal transgénico destinado para servirse como comida en el mundo, sin que exista obligación de especificar en el etiquetado su especial origen, pues la autoridad norteamericana entiende que es tan seguro y nutritivo como el salmón natural. Eso sí, para evitar los efectos que causaría al medio ambiente un posible escape de este salmón, se tranquiliza a la población asegurando que la producción se llevará a cabo en tanques en tierra, aislados del mar, vigilados por patrullas con perros y rodeados de alambre de espino (como en las películas).

La filosofía inspiradora del TTIP supondría -en última instancia- que, una vez aprobado este producto en EE UU podría libremente comercializarse en Europa sin que pudiéramos exigir ningún tipo de autorización o requisito adicional, toda vez que ello sería concebido como un obstáculo no arancelario al libre comercio. Para la tranquilidad del lector, y por el momento, el uso de estos productos en Europa debe ser previamente autorizado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), someterse a una exhaustiva evaluación y a un etiquetado obligatorio, pues sólo ello permite al consumidor ejercer su derecho a la libertad de elección para comprar (o no) productos que sean, contengan o estén elaborados a partir de OMG (Organismos Modificados Genéticamente).

Pero el Tratado va todavía más allá del libre comercio. Aunque está en pleno proceso de negociación y existe una total opacidad al respecto, las instrucciones dadas a la Comisión Europea para su negociación y la aprobación de otros tratados similares recientes, básicamente el CETA (con Canadá) y el TTP (Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, que acaba de firmar en octubre EE UU con 12 países del Pacífico), nos permiten conocer sus objetivos.

Entre otros muchos aspectos, se pretendería extender la protección de las patentes, incluyendo cláusulas sobre ampliación de la exclusividad de los datos. Ello supondría retrasar considerablemente la entrada en el mercado de los genéricos y se afectaría notablemente al derecho de los pacientes a acceder a los medicamentos, a la vez que supondría un aumento importantísimo del gasto para el sistema público sanitario. Se ensaya prohibir el etiquetado obligatorio de los OMG, así como simplificar y desregular al máximo todos los sectores para evitar los obstáculos al comercio, lo que supondría una notable erosión en los derechos de los trabajadores y de los consumidores, especialmente de su derecho a la libre elección de productos.

Otro de los objetivos confesados del Tratado consiste en abrir la contratación pública a las empresas estadounidenses y en la apertura al mercado de todos los servicios públicos. De hecho, en el tratado CETA, la Unión Europea acaba de optar por un sistema de “lista en negativo”, lo que supone un importante punto de inflexión respecto a sus tratados anteriores. Ello significa que todos los servicios –presentes y futuros- son susceptibles de privatización, salvo que expresamente se excepcionen. La medida resulta altamente preocupante, toda vez que se han conocido al mismo tiempo importantes presiones para la inclusión de la llamada “cláusula de trinquete”, que impediría dar pasos atrás en la privatización de los servicios hospitalarios, impidiendo un eventual rescate o publificación de los mismos.

Por otra parte, la experiencia en estos últimos años ya nos permite conocer a ciencia cierta los devastadores efectos que en la soberanía de los Estados tiene el arbitraje internacional de inversiones, toda vez que ésta es una pieza básica en todos los Acuerdos de libre comercio que se han negociado hasta ahora. El arbitraje es un sistema privilegiado para los inversores extranjeros, esto es, exclusivamente para las grandes empresas multinacionales, que son las únicas que pueden acceder a este sistema privatizado de justicia.

El arbitraje permite que tres árbitros privados, expertos en Derecho Internacional y que cobran 3000 dólares por cada día de trabajo, puedan condenar a los Estados a indemnizar a las multinacionales con cantidades multimillonarias cuando adopten normas o decisiones que afectan a sus expectativas de ganancia. Con ello directamente bloquean su derecho a regular y a adoptar medidas en favor del interés general y de la salud pública. La empresa Philip Morris tiene abiertos varios procedimientos arbitrales contra el Estado australiano y Uruguay por las medidas legislativas antitabaco que han adoptadas en los últimos años; la farmacéutica Eli Lilly ha solicitado al Estado de Canadá el pago de una indemnización de 481 millones de dólares por la anulación judicial de una patente que había obtenido impropiamente sin demostrar los beneficios para el paciente del nuevo fármaco. La multinacional holandesa Achmea ha obtenido de la Republica de Eslovaquia otra indemnización millonaria por intentar revertir el proceso privatizador de los hospitales eslovacos que se inició en 2004 ante el fracaso del modelo. La empresa utilizaba los fondos públicos para retribuir a sus accionistas en vez de emplearlos directamente en los pacientes. Es la lógica del mercado.

En fin, simplemente son algunos ejemplos, pero que han causado tanta alarma que la propia Comisión Europea ha presentado el día 12 de noviembre un nuevo modelo para sustituir el arbitraje por un sistema judicial internacional que ahora tendrá que ser negociado con EE UU y que todavía sigue presentando importantes problemas. Veremos lo que sucede en los próximos meses.

Este artículo ha sido publicado también en el Diario Médico como un artículo de Opinión/Participación.

Josefa Cantero Martínez

Presidente de la Asociación de Juristas de la Salud.

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