15/05/2013

Suicidios asistidos y eutanasia en Bélgica

Estrasburgo condena a Suiza por causar una “angustia considerable” a una anciana sana que pidió ayuda para morir. Cree que su ambigua ley genera indefensión.

Hace casi una década que Alda Gross quiere poner fin a sus días. Tiene 82 años y lleva seis batallando legalmente con la Administración suiza para hacer efectivo su derecho a decidir cómo y cuándo morir. Desea recurrir al suicidio asistido --que contempla la legislación suiza-- y que un médico le recete una dosis letal de un fármaco. Pero Gross está sana, solo tiene los achaques propios de la vejez, por lo que ningún sanitario ha querido prescribirle el medicamento que necesita. La regulación suiza es tan abstracta que, aunque admite el suicidio asistido, no establece pautas sobre quién, cómo y cuándo se puede recurrir a él, por lo que los médicos rechazan decenas de casos por las posibles consecuencias. Esta falta de directrices oficiales, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desprotege a médicos y ciudadanos. Estrasburgo condenó ayer a Suiza porque la ambigüedad de su legislación ha vulnerado el derecho al respeto de la vida privada y familiar de Gross, y le ha provocado una “angustia considerable”.

La mujer, de 82 años, mantiene la intención de poner fin a su vida asistida por un sanitario

La mujer, que tras agotar las instancias judiciales en su país decidió recurrir a la justicia europea, todavía no ha logrado su objetivo. El Tribunal de Estrasburgo no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión. Los jueces argumentan que es competencia de Suiza decidir si se le debe proporcionar a la mujer el fármaco que necesita para poner fin a sus días. Aunque sí instan a la Administración suiza a “emitir directrices claras y completas sobre la cuestión”. “Suiza tendrá que cambiar su ley. Hay contradicciones entre la regulación y los derechos humanos y eso está provocando que los médicos se sientan inseguros y que los ciudadanos queden al descubierto”, apunta Frank Petermann, el abogado de Gross. Está especializado en derecho sanitario, y asegura que este no es el único caso similar que lleva. Suiza tiene tres meses para recurrir la sentencia, que no contempla indemnización alguna para la demandante.

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FUENTE: El País

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