Hace casi una década que Alda Gross quiere poner fin a sus días. Tiene 82 años y lleva seis batallando legalmente con la Administración suiza para hacer efectivo su derecho a decidir cómo y cuándo morir. Desea recurrir al suicidio asistido --que contempla la legislación suiza-- y que un médico le recete una dosis letal de un fármaco. Pero Gross está sana, solo tiene los achaques propios de la vejez, por lo que ningún sanitario ha querido prescribirle el medicamento que necesita. La regulación suiza es tan abstracta que, aunque admite el suicidio asistido, no establece pautas sobre quién, cómo y cuándo se puede recurrir a él, por lo que los médicos rechazan decenas de casos por las posibles consecuencias. Esta falta de directrices oficiales, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desprotege a médicos y ciudadanos. Estrasburgo condenó ayer a Suiza porque la ambigüedad de su legislación ha vulnerado el derecho al respeto de la vida privada y familiar de Gross, y le ha provocado una “angustia considerable”.

La mujer, de 82 años, mantiene la intención de poner fin a su vida asistida por un sanitario

La mujer, que tras agotar las instancias judiciales en su país decidió recurrir a la justicia europea, todavía no ha logrado su objetivo. El Tribunal de Estrasburgo no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión. Los jueces argumentan que es competencia de Suiza decidir si se le debe proporcionar a la mujer el fármaco que necesita para poner fin a sus días. Aunque sí instan a la Administración suiza a “emitir directrices claras y completas sobre la cuestión”. “Suiza tendrá que cambiar su ley. Hay contradicciones entre la regulación y los derechos humanos y eso está provocando que los médicos se sientan inseguros y que los ciudadanos queden al descubierto”, apunta Frank Petermann, el abogado de Gross. Está especializado en derecho sanitario, y asegura que este no es el único caso similar que lleva. Suiza tiene tres meses para recurrir la sentencia, que no contempla indemnización alguna para la demandante.

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Contaremos con la presencia de D. Jesús Rubí Navarrete, Adjunto al Director de la Agencia Española de Protección de Datos, Dña. Isabel Jiménez Bautista, Asesora Jurídica de ASISA y D. Diego Fanjul Martínez, Socio Responsable de Protección de Datos del Círculo Legal Mallorca.

El pasado 12 de abril, el portal Jurídico Legal Today publicó una interesante entrevista con nuestra actual Presidenta, Josefa Cantero.

El Congreso Nacional de Juristas de la Salud cumple 22 ediciones. Un evento anual en el que se repasan las novedades legislativas sanitarias y diversas temáticas relacionadas con el Derecho y la salud. Legal Today ha querido aprovechar este evento para charlar con Josefa Cantero Martínez, miembro de la organización del XXII Congreso Nacional de Juristas de la Salud.

Hasta hace pocos años, la información sanitaria era patrimonio exclusivo de los médicos.Ya son veintidós ediciones de este congreso. ¿Cuál es su objetivo principal?

La celebración de nuestro congreso anual es uno de los objetivos principales de la Asociación de Juristas de la Salud junto con la publicación de nuestra revista Derecho y Salud. Todos los años somos convocados los socios para debatir y reflexionar con otros profesionales y con otros congresistas ajenos a la asociación sobre las novedades legislativas sanitarias y otros temas de nuestro interés relacionados siempre con el Derecho y salud.

Este año, tal como es tradición cuando se produce un cambio en la presidencia y en la junta directiva, hemos decidido celebrarlo en nuestra Comunidad Autónoma, en Castilla-La Mancha,  en colaboración directa de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales y su Servicio de Salud, el SESCAM.

¿Cuáles son los pilares básicos y el diagnóstico del Sistema Nacional de Salud?

El Derecho Sanitario es una rama del derecho relativamente novedosa y muy amplia. No obstante, los derechos y deberes del paciente, las normas que configuran la estructura y extensión del sistema público sanitario -con su sistema de garantías de igualdad, cohesión y calidad- las normas relativas a la ordenación de las profesiones sanitarias y las referidas al régimen del personal estatutario constituyen, sin duda alguna, sus pilares fundamentales. Todas ellas han cumplido una década y además se han visto recientemente modificadas como consecuencia de la crisis. Es obligatorio, pues, realizar una pausada reflexión jurídica más allá de la estrictamente económica.

La abundante información sanitaria, ¿desprotege al paciente, al médico o a ambas partes?

La información en sí no desprotege, sino que fomenta relaciones más equilibradas. Hasta hace pocos años, la información sanitaria era patrimonio exclusivo de los médicos. La bioética y las leyes han ido transformando el modelo de relación, reconociendo el derecho de los pacientes a disponer de toda la información relevante sobre su proceso y a la vez la obligación de los médicos de proporcionarla. Hoy en día cualquiera puede acceder a abundante información sanitaria en Internet, no siempre de calidad, es cierto. En ese sentido sí existe una queja por parte de los médicos, que muchas veces tienen un doble trabajo: informar y al mismo tiempo desmentir la mala información que a veces el paciente no sabe detectar o interpretar. El hecho de que los pacientes estén o crean estar más informados puede suponer un plus de exigencia al médico, pero no diría que lo desprotege, sino que le obliga a ser más cuidadoso en esa labor de información.

¿Qué balance hace de una década de evolución legislativa?

Son cuatro las leyes básicas sanitarias que este año cumplen diez años de vigencia y el balance no puede ser el mismo en todos los casos.

La Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias vino a cubrir un vacío de regulación y ha servido en buena medida para sistematizar los aspectos más relevantes de las múltiples profesiones sanitarias cuya regulación era escasa o inexistente o dispersa. Ha reforzado el estatus de las profesiones sanitarias y ha servido a los colegios profesionales para reivindicar un protagonismo que estaba en riesgo.

El Estatuto Marco del Personal Estatutario unificó los estatutos de personal facultativo, sanitario no facultativo y no sanitario que eran preconstitucionales. Es una norma sistemática y eficaz, una norma de mínimos que las Comunidades Autónomas han debido desarrollar mucho más y mejor de lo que, por lo general, han hecho. Podría decirse que el Estatuto Marco fijó los mínimos comunes y que las CCAA han sido perezosas o poco diligentes en su desarrollo.

La Ley 41/2002, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y deberes en materia de información y documentación clínica ha sido una norma clave en estos años que ha contribuido muy positivamente a cambiar hábitos muy arraigados en los hospitales y centros de salud, propiciando que se haya aumentado la atención y el cuidado en la mejora de los procesos de información, consentimiento y elaboración y custodia de la historia clínica. Ha introducido herramientas de toma de decisiones novedosas, como las instrucciones previas y en términos generales viene siendo valorada muy positivamente tanto por el sector sanitario como por el sector jurídico.

Por último, la Ley de Cohesión y Calidad tenía una importante misión: renovar las instituciones y las fórmulas de gobierno de un Sistema Nacional de Salud que diseñó la Ley General de Sanidad allá por el año 1986 cuando las competencias sanitarias estaban todavía en manos del Estado. La Ley de Cohesión y Calidad debía ser la herramienta para el gobierno cohesionado de un Sistema Nacional de Salud con las competencias transferidas a las 17 CCAA.  En este sentido no ha pasado de ser una ley retórica, una ley de principios que no han llegado a realizarse.

¿Cuáles son las perspectivas de futuro del actual sistema sanitario desde el punto de vista del Derecho?

Desde el punto de vista estrictamente jurídico, las perspectivas de futuro más inmediatas apuntan hacia la gestión jurídica de las consecuencias de las restricciones presupuestarias. Normas urgentes que introduzcan aún más recortes en las prestaciones y/o en las condiciones laborales del personal estatutario. También está anunciada una reforma de la Ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo. Las Comunidades Autónomas tendrán que desarrollar normativamente las decisiones de ajuste presupuestario y ya se están produciendo modificaciones en las estructuras de gobierno y de gestión que es previsible que continúen. Si hay algo que caracteriza al Derecho Sanitario es su dinamismo, y es previsible que tal dinamismo continúe en los próximos años con importantes reformas del Sistema Nacional de Salud.

En todo caso, hemos invitado al Presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, al señor Mingo Zapatero, para que nos ilustre sobre todos estos aspectos en la conferencia de clausura.

¿Qué ha supuesto la Ley de Tasas de cara a la resolución de conflictos sanitarios?

Todavía es muy temprano para analizar en detalle cuáles serán los efectos del nuevo régimen de tasas en el ámbito de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial o en el ámbito de las demandas civiles. Sin embargo, nadie duda de que va a tener consecuencias importantes, que incluso podrían ser muy graves para el profesional sanitario si se acaba produciendo un desplazamiento de los conflictos sanitarios hacia el ámbito del Derecho penal como medio de esquivar las tasas y los costes del proceso. En todo caso, el análisis de este nuevo panorama será analizado en una de las mesas de trabajo del congreso.

El libro Tratado de Derecho Sanitario (Ed. Aranzadi), del que es coautora junto a Alberto Palomar, ¿de qué manera va a ayudar al profesional que aborde esta materia?

El libro es una iniciativa que parte de la asociación como un medio para visualizar el importante compromiso que hemos contraído con el Derecho Sanitario. Por vez primera y desde diferentes ámbitos se abordan los más importantes temas de esta nueva rama del Derecho. Con esta obra se culmina en un texto único la labor de investigación y estudio de muchos años y de muchos profesionales en esta área desde la perspectiva del Derecho y de la ordenación jurídica de las instituciones. La obra resultará muy enriquecedora y útil para todas aquellas personas que tengan inquietud por este tema.

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, la palabra tembleque, en una de sus acepciones, significa tembloroso, esto es, que tiembla.

Tembleque, con mayúscula, en cambio, es un apacible, singular y pintoresco municipio manchego, en la provincia de Toledo, que cuenta con algo más de 2000 personas habitándolo y que se halla situado a unos 50 kilómetros de Toledo y 90 de la capital del reino, Madrid, donde pasan todas las cosas importantes…

¿O no?

Pues quizás no siempre, porque Tembleque, con mayúscula, puede convertirse en el símbolo físico de un dilema social y jurídico de primer orden. A saber: ¿es posible decidir desde la política recortar cualquier cosa de cualquier modo en medio de la crisis económica que nos azota? ¿Establece el modelo vigente de Estado social y democrático de derecho integrado en una Unión Europea que consagra la cohesión social y territorial algunos límites jurídicos a los recortes en garantía de los derechos de las personas?

El Ayuntamiento de Tembleque cree que sí (así como, por cierto, otros 21 municipios que agrupan a 120.000 vecinos que han seguido su estela) y por ello ha solicitado la protección de los jueces de la jurisdicción contencioso-administrativa para que protejan el derecho a la salud de los habitantes del pueblo (art. 43 de la Constitución), que entienden amenazado por una Orden de noviembre de 2012 de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, la cual, en síntesis, supone que, agrupadas funcionalmente las zonas básicas de salud, se mantiene como centro de referencia la localidad de Ocaña, con 24 horas de atención sanitaria urgente y continuada en su Centro de Salud; mientras que el centro sanitario de Tembleque (o en la entrañable jerga administrativa, Punto de Atención Continuada) la mantiene ahora sólo de 8 a 20 horas, frente a las 24 horas de prestación existentes antes de la Orden, sin que en otros municipios de esa zona exista otro centro de atención de urgencias.

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Y les entró Tembleque, segunda parte: punto y… ¿a parte? – Juli Ponce

Más sobre los límites jurídicos a los recortes públicos y el derecho a un buen gobierno y a una buena administración

Hace unos días tuvimos la oportunidad de ocuparnos de los autos judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Castilla – La Mancha que detuvieron, como medida cautelar, el cierre de los servicios de urgencias de 24 horas en el municipio de Tembleque (puede consultarse el análisis aquí).

Volvemos hoy con el mismo tema, a propósito de la novedad que representa la Orden de 25/03/2013, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, de derogación de la Orden de 20/11/2012, sobre la Atención Sanitaria Urgente y Continuada en las Zonas Básicas de Salud. [2013/3972], por la que, como ya señalamos, agrupadas funcionalmente las zonas básicas de salud, se mantenía como centro de referencia la localidad de Ocaña, con 24 horas de atención sanitaria urgente y continuada en su Centro de Salud; mientras que el Punto de Atención Continuada de Tembleque la mantenía sólo de 8 a 20 horas, frente a las 24 horas de prestación existentes antes de la Orden, sin que en otros municipios de esa zona existiera otro centro de atención de urgencias.

Esta nueva Orden de 2013 (consultable aquí), publicada en el Diario Oficial de la Comunidad el día 27 de marzo pasado dice digo donde decía Diego: a saber mantiene ahora abierto el servicio de urgencias las 24 horas en todos los municipios (eran 21, con una población afectada de 120.000 vecinos) al derogar la anterior Orden de 2012.

La pregunta es: ¿por qué?

La propia Orden explica que los pronunciamientos judiciales realizados, como medidas cautelares, sin entrar por tanto en el fondo del asunto, “que sobre dicha Orden se han realizado por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha hacen prácticamente imposible la consecución y objetivos de mejora que se pretendían obtener con la misma, objetivos que, como es sabido, están encomendados por el ordenamiento jurídico”. Para el logro de tales objetivos se elaboró la Orden de 2012, ahora derogada, que, según la propia nueva Orden de 2013, se basó “en el trabajo técnico realizado por los profesionales de atención primaria y de atención especializada, así como de los profesionales de las urgencias y emergencias del Sescam, mediante el estudio de la frecuentación de los centros de urgencias, el estudio epidemiológico de cada zona básica de salud, las zonas existentes entre los diferentes dispositivos de urgencia y emergencia, terrestres y aéreos, y la coordinación de dichos dispositivos”.

Desde luego, un lenguaje burocrático impresionante, que no se corresponde, sin embargo, con las decisiones aludidas del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que había subrayado como no existía “incorporado a los autos expediente administrativo relativo a la aprobación de la decisión impugnada”, por lo que el Tribunal se debió atener a la explicación que le ofreció en sede judicial la Comunidad, destacando que la misma, más allá del ahorro que implicaba la Orden en las arcas públicas, no explicaba nada: por ejemplo, ni los medios de transporte previstos cuando el centro sanitario estuviera cerrado, ni la evaluación de la posible saturación de los centros a los que se derivara a las personas de Tembleque.

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• Igualdad de derechos y garantía de accesibilidad del paciente en todo el territorio nacional.
• Implantación de un sistema de compras centralizado para medicamentos, productos sanitarios y tecnología sanitaria, con criterios homogéneos aprobados por el Consejo Interterritorial.
• Dotar al Sistema Nacional de Salud de una herramienta de gobernanza con eficacia jurídica ejecutiva en sus decisiones.

En el informe aparecen información muy interesante, recomendamos encarecidamente su lectura.

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Según dicha Escuela, los cambios e innovaciones en el entorno sociosanitario son continuos y sitúan a las actividades formativas como la clave para dar respuesta a esas nuevas exigencias. La formación es también un pilar esencial para la potenciación de la investigación y la innovación necesarias para mejora de la calidad de los sistemas sociales y sanitarios en su conjunto. Estos aspectos asientan la formación como un valor necesario para dar respuesta a la responsabilidad social que la EASP tiene con el conjunto de la ciudadanía. Con este propósito, la EASP ofrece formación de postgrado y formación continuada. En el enlace inferior se puede consultar el avance de cursos 2013.

Está previsto que en este encuentro participen responsables institucionales del sistema sanitario en países europeos, investigadores especializados en cuestiones de salud e interculturalidad, profesionales sanitarios y de los servicios sociales (entre otros), así como representantes de otras entidades relacionadas con la temática del encuentro.

Los formularios de inscripción y de propuesta de comunicaciones, así como el programa del encuentro pueden consultarse en la página Web del Centro de Investigación (ver enlace más abajo).

Asimismo elaborará un Plan de funcionamiento de los centros sanitarios de atención primaria y de las modalidades de atención continuada y urgente con participación de los profesionales sanitarios, de las entidades locales y de los colectivos sociales relacionados con dicha materia procurando el mayor consenso posible.

(Ver documento completo en enlace inferior)

Competencias sobre colegios profesionales: nulidad del precepto legal que establece los supuestos de colegiación obligatoria de los funcionarios públicos autonómicos.

En esta ocasión las Jornadas tendrán por tanto una importancia especial y serán una oportunidad para celebrar las dos décadas de trabajo de nuestra institución, que se impulsó en el Congreso Internacional sobre Derecho y Genoma Humano del año 1993.

Es un programa de dos años de duración, el primero de los cuales puede realizarse en la EASP o en la Universidad de Sheffield y el segundo, en función de la especialidad elegida, en cualquiera de los otros países .

El Máster ha sido reconocido por la Comisión Europea como uno de los programas europeos  de excelencia concediéndole la credencial ErasmusMundus.

El congreso tiene como objetivo alentar una contribución científica y profesional comprometida con las necesidades de las sociedades convulsas de hoy en día. Según los organizadores: Aspiramos a que en Granada, del 3 al 6 de septiembre, se presenten respuestas acordes con la exigencia de implantar políticas de salud pública efectivas. Necesitamos, sin duda, buenos fundamentos científicos, pero también ejemplos de buenas prácticas de salud pública, análisis oportunos de los determinantes de la salud global y su influencia en las políticas en todos los niveles y, desde luego, necesitamos generar nuevas ideas y contribuir al debate intelectual sobre la organización social y democrática precisa para mantener y mejorar la salud de la población. Anhelamos que todo esto y más, sea posible en esta Reunión.

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Ya se han establecido las fechas para la XXII edición de nuestro Congreso Derecho y Salud. Tendrá lugar los días 5, 6 y 7 de junio en Toledo. El congreso de este año tiene como lema: Los pilares jurídicos del sistema nacional de salud: balance de una década de evolución legislativa.

Más abajo en la Descarga, se pueden descargar las normas de publicación de Comunicaciones y ver el avance del programa de congreso.

Pronto se publicará más información sobre el evento. Ver página del evento >

Los miembros de las sociedades que conforman SESPAS tienen la misma consideración que los socios de AES en relación con las cuotas de inscripción

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Mediante la Orden Foral 116/2012, de 14 de diciembre, de la Consejera de Salud, se crea el Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Complejo Hospitalario de Navarra, en el que se integran los recursos humanos y materiales procedentes de los Servicios de Traumatología y Cirugía Ortopédica, de Traumatología y Ortopedia, y de Traumatología del Complejo Hospitalario de Navarra. Esta disposición se publicó en el Boletín Oficial de Navarra número 250, de 26 de diciembre de 2012.

Dicha Orden Foral establece la estructura orgánica del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, que modifica la existente hasta ese momento en los distintos Servicios que han sido objeto de integración.

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Este estudio aporta un mayor conocimiento basado en el análisis de datos objetivos y cuantitativos a la discusión sobre los resultados de diferentes modelos de gestión hospitalaria existentes en el país, contribuyendo a dicha discusión con argumentos que permiten poner en contexto un debate que algunos autores reconocen como muy ideologizado (McKee, 2006).

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La Escuela de Negocios CEU organiza este master.

Dirigido a

Profesionales que deseen ampliar sus horizontes y mejorar su capacitación para un puesto directivo dentro del sector de la salud, desarrollando su prestigio profesional conociendo de primera mano las nuevas formas de gestión sanitaria mixtas público-privadas:

• Directivos con responsabilidad de gestión en el sector de la salud: administración de servicios de salud, dirección hospitalaria pública o privada, atención primaria de salud, establecimientos sociosanitarios, compañías de seguros sanitarios, etc, que deseen actualizar sus conocimientos y compartir experiencias profesionales.
• Titulados Universitarios en Empresariales, Administración y Dirección de Empresas o Economía, con experiencia de gestión en otros ámbitos, que quieran conocer las peculiaridades específicas del sector de la salud para ampliar sus horizontes profesionales.
• Titulados Universitarios en Ciencias de la Salud con responsabilidades de gestión que buscan formación específica en el ámbito de la gestión sanitaria, la economía y la empresa mediante un Executive MBA especializado de alto nivel con un enfoque eminentemente práctico, junto a reconocidos y expertos docentes y gestores.

Duración

El Executive MBA en Gestión del Sector de la Salud es un programa “part-time” que comienza en octubre y finaliza en junio, en su periodo lectivo. Está integrado por 60 (créditos ECTS) que se desarrollan los viernes en jornada de tarde (16:30 h. - 21:00 h.) y los sábados en jornada de mañana (9 h. - 14 h.).

Más información

Escuela de Negocios CEU

La Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 (BOE de 28.12.2012) ha modificado la Disposición Final Vigésima octava elTexto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Con efectos de 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida, se añade un apartado nuevo, el 3, a la disposición adicional vigésima octava del citado Texto Refundido, con la siguiente redacción: "3. A los efectos previstos en esta disposición adicional, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad podrá, a través de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, encomendar al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria la materialización y conclusión de los procedimientos de adquisición centralizada, con miras al Sistema Nacional de Salud, para todos o algunos de los medicamentos y productos sanitarios." El resto de la disposición mantiene la redacción actual.

El enfoque de las propuestas y artículos puede abarcar desde las perspectivas específicas y empíricas hasta la generales y teóricas.

Revista Internacional de Humanidades Médicas

Los participantes en el Congreso podrán presentar trabajos para su revisión y publicación en la Revista de Humanidades Médicas, antes del Congreso y antes del plazo de un mes tras la fecha de finalización del Congreso. Los trabajos enviados para su publicación serán sometidos a un proceso de arbitraje y la decisión de publicación se basará en los informes de los árbitros que revisen los artículos.

Para quienes no puedan asistir al Congreso en persona, un registro virtual permitirá a los participantes acceso a la versión electrónica de la Revista, así como la posibilidad de enviar artículos a la Revista de Humanidades Médicas.

Para obtener más información sobre la Revista, por favor visite la página Publicación de Artículos.

• Considera que excluir a un colectivo de la asistencia puede afectar a la salud pública
• Levanta parte de la suspensión del decreto del Gobierno vasco pero mantiene el copago
• Nueve autonomías aplican a rajatabla la exclusión sanitaria
• El Gobierno restringe el acceso a la sanidad a los inmigrantes irregulares

Además, el alto tribunal considera que el derecho a la salud, que consagra la Constitución, debe prevalecer sobre el beneficio económico vinculado al ahorro que la discriminación en la atención sanitaria supone. La doctrina que anticipa un auto del Tribunal Constitucional --la sentencia tendrá que esperar-- echa por tierra el acceso restringido a la sanidad que el Gobierno de Mariano Rajoy implantó con los recortes aprobados en abril, que excluía a los sin papeles de la asistencia normalizada —solo contempla su atención gratuita en urgencias, parto y posparto—. Y lo hace levantando la suspensión de un decreto del Gobierno vasco que se rebelaba contra estos recortes.

No vale el mejor gerente de la mayor multinacional sin experiencia en salud

Las sociedades científicas llevan semanas lamentando no haber sido consultadas ni escuchadas por los políticos; y una de las más afectadas es la que se ocupa, precisamente, de estudiar la gestión de las administraciones sanitarias.

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La idea nunca ha sido propuesta como tal por el PP, PNV o CiU (aunque ha habido comentarios acerca de cobrar por la parte hotelera de la hospitalización, por ejemplo), por citar a los partidos conservadores que gestionan —o van a hacerlo pronto— la sanidad en parte de España, y, por supuesto, es rechazada de plano por los otros (PSOE o IU). Pero es como una sombra que se cierne sobre cada decisión, y que políticas como el euro por receta de Cataluña o Madrid hacen más verosímil.

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Aun siendo esto así, la nueva regulación altera por completo todos estos valores: disminuye considerablemente el ámbito de las prestaciones al establecer una nueva categorización de la cartera de servicios del SNS, introduce el copago en algunas de las prestaciones que antes eran gratuitas, pone un punto de inflexión en la tendencia a la universalidad, que prácticamente estaba ya conseguida, al dejar fuera a importantes colectivos de personal (inmigrantes irregulares y a los perceptores de determinadas rentas dinerarias, entre otros) y de manera extraña vuelve a los conceptos propios de la regulación sanitaria del siglo pasado al recuperar los conceptos de beneficiario y asegurado, regulados ahora por el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del SNS. Además establece algunos otros cambios de menor alcance que afectan a las prestaciones farmacéuticas, a la formación de los profesionales sanitarios, a la integración de algunos cuerpos funcionariales en la condición de personal estatutario, a la creación de registros administrativos y a algunos otros aspectos menores relativos a los recursos humanos. Da una vuelta a todo el ordenamiento sanitario y modifica prácticamente todas las normas que conforman el bloque de lo que llamamos Derecho Sanitario.

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Las principales conclusiones obtenidas muestran que no se valoran las alternativas de forma previa a la concertación para justificar los conciertos, que los costes estimados públicos son en general inferiores a las tarifas establecidas y que la mayoría de éstas son diferentes dependiendo del centro concertado aunque se esté concertando lo mismo. Por lo tanto, creemos que a pesar de que existe la creencia generalizada de que lo público es más caro, no existe evidencia empírica que sustente este hecho y debería existir un análisis riguroso previo sobre las posibilidades de prestar los servicios a concertar sustentado en sistemas de costes consistentes que orienten la toma de decisiones.

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Sin embargo, la retórica, que insiste en afirmaciones del tipo “se ha comprobado que el modelo de concesión es más eficiente” y ”da buenos resultados clínicos”, pese a su reiteración aun no se ha dotado de evidencia que la sustente. Quienes en nuestro país aplican sus saberes e instrumental analítico a la evaluación de políticas sanitarias apenas pueden ir más allá de constatar que no se dispone de evidencia que apoye esas aseveraciones. En buena medida por insistencia demostrada por nuestras autoridades sanitarias en no hacer pública la información necesaria para verificarlas, lo que parece traducir un importante desinterés por evaluar estos modelos y un claro déficit democrático.

La limitada información disponible sobre este tipo de experiencias en nuestro país hasta ahora solo ha permitido alertar del riesgo verosímil que la excesiva proximidad entre autoridades y concesionarios, puede suponer al reducir la eficacia de la supervisión sobre los servicios prestados. La conveniencia política de declarar acertada la decisión adoptada exacerba el enorme riesgo de “captura del regulador”, fenómeno que describe la influencia de las empresas de un sector sobre la agencia gubernamental a cuyo control están sometidas, pudiendo, en casos extremos convertirse el regulador en defensor de los intereses de la empresa dominante antes que de los propios encomendados.

Así, los expertos extranjeros con experiencia acumulada en este tipo de modelos, tras visitar el centro con más larga trayectoria comunicaron su “fuerte impresión de que el detalle de estas relaciones contractuales era demasiado negociable” como para resultar admisible en una administración pública como la británica. ⁽¹⁾

En este sentido abunda la afirmación, contenida en reclamaciones formuladas por las empresas contratadas para las concesiones ya operativas en otra Comunidad Autónoma, respecto a que “transcurridos tres años desde la apertura de los nuevos 7 hospitales, no hay acuerdo ni en cómo medir las intervenciones quirúrgicas reales ni mucho menos en cómo medir o estimar las intervenciones quirúrgicas que el hospital no puede registrar de forma codificada y por tanto, mostrar en estadística”. ⁽²⁾

También la revisión encargada por el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia a expertos independientes del ámbito académico ⁽³⁾ considera que “de los modelos de concesión administrativa sanitaria apenas se dispone de otros «estudios» que los publicados desde el entorno de las propias entidades implicadas, más cercanos a la propaganda que al análisis”. El único intento serio de evaluación del denominado “modelo Alzira” ⁽⁴⁾, recurriendo al enfoque denominado “narrativa y cifras”, concluye que el proyecto original –muy similar alahora propuesto - jamás habría sido viable de no ser por la renegociación del contrato de concesión que supuso un elevado coste a la administración pública, con lo que resulta difícil afirmar que haya tenido lugar verdaderamente una transferencia de riesgos.

En definitiva, las estrategias de gestión sanitaria privada, especialmente las cada día más propugnadas de colaboración público privada, contrariamente a lo que publicitan sus defensores, no han demostrado en la práctica ventajas que aconsejen su adopción. De un lado, las fórmulas de concesión de obra pública han dado lugar a notables problemas financieros derivados de los mayores costes de financiación (Reino Unido) o a disfunciones asociadas a restricciones en la competencia en el mercado (Italia). Por otra parte, los modelos de concesión administrativa sanitaria (“modelo Alzira”) presentan más sombras que luces.

Queda pues como único dato incuestionable la reiteración hasta la saciedad por parte de los decisores públicos empecinados en implantar un modelo de indemostrada eficiencia, del reconocimiento explícito de que cualquier forma de gestión externa es mejor que la que ellos son capaces de llevar a cabo. Algo que puede ser cierto, pero resulta contingente y aconseja otras soluciones. Inicialmente sustituir a quienes reconocen tales limitaciones antes que reformular sin evidencia todo el modelo de prestación asistencial para suplir dichas incompetencias confesadas.

Antes de adoptar medidas de elevado riesgo, largo compromiso y resultados inciertos, debe exigirse la inmediata aportación a los actores sociales, investigadores con capacitación en disciplinas políticas, económicas y sanitarias y a la ciudadanía en general, de la información que permita juzgar si son ciertos los beneficios aducidos y correctas las medidas ya adoptadas. Su contumaz ocultación supone un atropello flagrante al incuestionable derecho de los ciudadanos a la información y el incumplimiento de la obligación de los decisores públicos a rendir cuentas.

Las sociedades firmantes de este documento no proponen nada insólito, por tanto. Únicamente nos remitimos al cumplimiento del contrato social pactado entre los ciudadanos y sus representantes en los programas electorales, cuando en ellos se alude al énfasis en promover la transparencia, la evaluación de las políticas y la rendición de cuentas a la ciudadanía.

La cuestión clave es cómo mejorar la gestión existente. Dicho objetivo no se consigue meramente por el cambio en la titularidad del gestor. Se logrará, en todo caso, introduciendo fórmulas de financiación capitativas debidamente ajustadas por riesgo y no mediante presupuestos históricos o contratos de gestión ficticios y revisables a conveniencia. Se logrará evaluando y retribuyendo desempeño en función de los resultados de salud obtenidos y no sobre la base de actividad y procesos. Y ello se puede hacer con fórmulas de gestión pública. El camino equivocado es prejuzgar que las concesiones administrativas a empresas privadas, sin más, garantizan una gestión más eficiente. Esto aún está por demostrar en España.

⁽¹⁾ NHS GLOBAL: The search for low-cost integrated healthcare The Alzira model from the region of Valencia. The NHS Confederation.Bruselas 2011) http://www.nhsconfed.org/Publications/Documents/Integrated_healthcare_141211.pdf

⁽²⁾ DOCUMENTO SEOPAN. Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional: Escrito de su Presidente al Consejero de Sanidad de la CAM, 13 de abril 2011. Anexo sobre “Ajuste de volumen por incremento de actividad”. http://estaticos.elmundo.es/documentos/2011/05/06/cartahospitales.pdf

⁽³⁾ Abellán Perpiñán JM, Martínez Pérez JE, Méndez Martínez I, Sánchez Martínez FI, Garrido García S. Financiación y eficiencia del sistema sanitario público de la Región de Murcia. Consejo Económico y Social. Colección Estudios Número 32. Murcia 2011. http://www.cesmurcia.com/estudios/estudios_32/0_Estudio_32.pdf

⁽⁴⁾ Acerete B, Stafford A, Stapleton P. Spanish healthcare Public Private Partnerships: the ‘Alzira model’ Critical Perspectives on Accounting. 2011, 22 (6): 533–549. https://research.mbs.ac.uk/accountingfinance/Portals/0/docs/Spanish healthcare Public Private Partnerships the Alzira model.pdf

Junta y Asamblea SESPAS, Madrid 26 de Noviembre de 2012

http://www.boe.es/buscar/doc.php?coleccion=consejo_estado&id=2012-623

Continuar leyendo: Página Web de FEDER

Mediante Decreto Foral 640/1996, de 18 de noviembre, se establecieron el procedimiento y las condiciones para el acceso a las prestaciones del régimen de universalización de la asistencia sanitaria pública en la Comunidad Foral de Navarra.

Con la aprobación de ese Decreto Foral se pretendió completar la regulación del principio de universalización de la asistencia sanitaria pública en Navarra, que había sido objeto de regulación anteriormente mediante el Decreto Foral 71/1991, de 21 de febrero, por el que se extendió la asistencia sanitaria pública a todas las personas que careciesen de protección sanitaria pública o posibilidad de acceso a la misma por cualquier título jurídico.

(Descargar texto completo más abajo).

El Real Decreto 1506/2012 tiene por objeto fijar las bases para determinar el contenido y aportación de la cartera común suplementaria de prestación ortoprotésica.

Asimismo establece las bases para establecer importes máximos de financiación para cada tipo de producto incluido en la prestación ortoprotésica.?

(Descarga el texto completo más abajo)

Los días 13, 14 y 15 de junio se celebró en Salamanca el XXI Congreso anual de la  Asociación de Juristas de la Salud, bajo el lema de “Gestión eficiente del Sistema Nacional de Salud” y en colaboración con la Consejería de Sanidad de la  Comunidad Autónoma de Castilla y León.

SS.AA.RR los Príncipes de Asturias fueron los Presidentes del Comité de Honor del Congreso. El programa científico se ha estructurado básicamente en conferencias plenarias y mesas de trabajo, que se han convertido en auténticos foros, no sólo de cualificado debate, sino también de formación. Un congreso marcado por la investigación, el debate y la formación. Además, como en los últimos años, este programa científico se ha complementado con la aportación de investigadores en el ámbito de la Sanidad y del Derecho, que mediante la presentación y defensa pública de sus comunicaciones, han contribuido a enriquecer notablemente la calidad del congreso.

Tras tres días de celebración de intensos debates sobre temas sanitarios de actualidad, la Secretaria General del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, doña Pilar Farjas Abadía, clausuró el congreso con una conferencia plenaria sobre la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

Debe resaltarse el caracter interdisciplinar de este Máster

Debe resaltarse el carácter interdisciplinar de este Máster, en el que el tratamiento de los problemas se aborda desde enfoques, metodologías y perspectivas de análisis diversas y complementarias . Esta interdisciplinariedad puede corroborarse, en primer lugar, por la variedad de los currícula que respaldan la docencia de las materias que integran el Plan de estudios; en segundo lugar, por la diversidad de áreas de conocimiento de la Universidad de Granada y de Universidades europeas implicadas en la docencia, como en el enfoque transversal de las materias; y, por último, por su interrelación con el resto de títulos de posgrado que conforman la oferta formativa de la Facultad de Derecho.

Este Máster cuenta con la participación de representantes y especialistas ligados a, entre otras, las siguientes instituciones: el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el Consejo Consultivo de Andalucía, los Ilustres Colegios de Abogados, Médicos y Farmacéuticos de Granada, la Fundación de Práctica Jurídica (Ilustre Colegio de Abogados de Granada-Universidad de Granada), la Organización Mundial de la Salud, el South Center, la Agencia Europea de Medicamentos, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, la Escuela Andaluza de Salud Pública, la Asociación de Economistas de la Salud, el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud (Junta de Andalucía-Universidad de Granada), así como diversas ONGs (como Farmamundi o Medicus Mundi).