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ARTÍCULO SOBRE LA COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA EN EL SISTEMA SANITARIO CATALÁN

LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN EL SECTOR SANITARIO.

Intervención de Francesc José María en la 1ª Jornada de Colaboración Público-privada. Experiencias y Proyección de Futuro, organizada por el  Colegio de Economistas de Cataluña con colaboración del Cercle de Salut,

La asociación Cercle de Salut considera que la CPP es un rasgo esencial del modelo sanitario catalán que ha caracterizado su desarrollo que hay que mantener.

Las modalidades de CPP son múltiples y, dejando de lado las asociaciones que se dan en la investigación biomédica, en el campo de la atención sanitaria van desde la contratación de servicios accesorios a los asistenciales, las concesiones administrativas con diversas variantes (modelo valenciano y modelo madrileño), el mutualismo administrativo (MUFACE, MUGEJU e ISFAS) hasta los conciertos sanitarios y los consorcios. Estas dos últimas modalidades de CPP, contractual la primera e institucional la segunda, son las que han caracterizado nuestro modelo.

La siguiente tabla da una idea del alcance de la participación privada en la construcción del sistema sanitario público catalán.

Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña

ÁMBITO

Nº DE CENTROS

GESTIÓN

Atención Primaria (Estructura = CAP)

423

335 Institut Català de la Salut (ICS)

27 Empresas públicas y Consorcios con participación mayoritaria de la Generalitat (EPiC Generalitat)

Resto iniciativa municipal y privada (13 EBA’s)

Hospital de agudos

68

8 ICS

24 EPiC Generalitat

Resto iniciativa municipal o privada

Centros de Salud Mental (internamiento)

40

0 ICS

10 EPiC Generalitat

Resto iniciativa municipal o privada

Centros Sociosanitarios (internamiento)

98

0 ICS

14 EPiC Generalitat

Resto iniciativa municipal o privada

Transporte

Urgente

 

 

No urgente

Servicios de Emergencias Médicas + iniciativa privada

 

Todo iniciativa privada

Centros de diálisis

20

Todo iniciativa privada

Centros de rehabilitación

34

Todo iniciativa privada

Oficinas de farmacia

3.202

Todo iniciativa privada

Elaboración propia. Fuentes: Anexo Decreto 196/2010, del Sistema Sanitario Integral de utilización pública (SISCAT). Memoria 2017 ICS. Memoria 2017 CatSalut.

Determinados modelos de CPP como las concesiones han sido objeto de duras críticas desde el terreno político e ideológico y no ha contribuido al debate sereno sobre las mismas el hecho de que hayan sido impulsados ​​desde comunidades autónomas gobernadas por el PP que han destacado por la existencia de casos de corrupción. Un ejemplo del planteamiento crítico contra este modelo concesional de financiación y gestión es el «Informe Hospitales Modelo Hipoteca» que el grupo parlamentario Podemos de la Comunidad de Madrid envió a la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de julio de 2018, en el que se pedía la nulidad de los contratos y la depuración de responsabilidades contables y penales por los indicios de prevaricación y malversación de fondos públicos.

Que la sanidad es un servicio de interés general nadie lo pone en duda, ni los defensores ni los detractores de la CPP. Lo que ocurre es que el debate en el ámbito del régimen jurídico de los servicios sanitarios se ha centrado en su organización y gestión más que en su calidad o financiación.

Los poderes públicos han de organizar el sistema de salud y tutelar el derecho a la atención sanitaria con las prestaciones y los servicios necesarios pero no tienen que ser necesariamente servicios de titularidad pública. El escaparate del derecho administrativo desde siempre ha ofrecido diferentes fórmulas de gestión: directa, indirecta y compartida, y ha dado absoluta discrecionalidad a las administraciones para escoger la mejor en función del servicio. No es necesario un sistema de gestión pública directa porque no es sólo un servicio público el que se presta por funcionarios desde estructuras administrativas.

Permanentemente se confunde la naturaleza del servicio con la forma de gestión con la que se presta: externalizar no significa privatizar. Según el Tribunal Constitucional el que define un servicio público es: 1) en manos de quien queda la potestad de definir las prestaciones de la cartera de servicios, 2) quién es el garante de la calidad de los servicios y los derechos de los ciudadanos y 3) su financiación. Concluye el TC que la externalización de la gestión de los servicios sanitarios por sí misma no desnaturaliza su esencia pública.

Desde la aprobación de la Ley General de Sanidad en 1986 el leit motiv de la incorporación de diferentes técnicas de organización, gestión y financiación ha sido buscar la sostenibilidad del sistema de salud, con dos objetivos básicos: 1) efectuar inversiones difiriendo su pago sin recurrir al endeudamiento (las carencias financieras se han acentuado por la exigencia de cumplimiento de la normativa europea de estabilidad presupuestaria) y 2) dar cobertura a la insuficiencia prestacional de la administración.

La CPP no ha estado nunca exenta de crítica social y política pero desde la crisis esta crítica se ha reforzado, la proliferación de las llamadas «mareas» y los planteamientos políticos de algunos partidos que buscan y encuentran justificación en determinadas concepciones » técnicas» defendidas desde instancias de asesoramiento, fiscalización y control de la administración pública, son expresión viva de este posicionamiento político y social contrario.

Un ejemplo de despropósito en el debate público-privado fue el caso del nonato Consorcio Sanitario de Lleida en el que se vendió a la población que la integración de dos hospitales públicos gestionados por dos empresas públicas, mediante un fórmula jurídico-pública (el consorcio) para prestar un servicio público suponía la privatización de la sanidad pública en Lleida (!).

El núcleo del debate ideológico sobre la CPP gira en torno a si es lícito ganar dinero con la atención sanitaria teniendo en cuenta que el objetivo de las empresas privadas, incluidas las non profit, es ganar dinero o al menos no perderlo. La respuesta es afirmativa si la ganancia deriva de mejoras en la gestión e innovación y negativa si la ganancia va en detrimento de las condiciones de los profesionales o de la calidad de los servicios prestados a pacientes y usuarios.

La valoración de las diversas fórmulas de CPP debería plantearse en términos de coste para la administración, calidad asistencial, satisfacción de los pacientes y profesionales, listas de espera y resultados en salud de la población atendida y no rechazar de entrada la colaboración por apriorismos ideológicos.

Hoy en día la CPP en el sector sanitario no goza de buena salud, estamos sufriendo una acusada tendencia a fomentar la gestión directa reforzando el sector público, conjugada con una tendencia a potenciar la llamada  colaboración público-social con entidades del economía social y sin ánimo de lucro, que no deja de ser una vertiente de la CPP.

La colaboración con entidades sin ánimo de lucro sin ningún género de duda supone un enriquecimiento para el sistema de salud atendiendo a los valores que aportan como son la solidaridad y la promoción del interés general. Pero ahuyentar a  la vez del sistema a las entidades de iniciativa mercantil puede suponer un empobrecimiento.

Manifestaciones de estas tendencias han sido: 1) las desprivatizaciones / publificaciones impulsadas por el Departamento de Salud la pasada legislatura, 2) el abuso de la técnica del medio propio, una consecuencia ha sido la expulsión de las entidades privadas de los consorcios, 3 ) la voluntad política expresada de blindar la preferencia de la concertación sanitaria con las empresas de la llamada economía social y las entidades sin ánimo de lucro y 4) el intento fallido de clasificar en el sector institucional administraciones públicas a efectos de la normativa europea contable SEC 2010, a entidades privadas como la Orden de San Juan de Dios o la Fundación Althaia.

Conclusiones:

1ª) Corren malos tiempos para la CPP por el rechazo social y político, enmascarado con planteamientos técnicos y jurídicos formulados desde determinadas instancias de sottogoverno que siempre ha desconfiado de estas fórmulas de gestión y financiación que escapan de su control y fiscalización directos .

2ª) La realidad es tozuda y no se puede concebir el futuro del sistema sanitario público catalán sin el que ha sido uno de los pilares de su arquitectura: la Colaboración Público-privada.

Barcelona a 19 de septiembre de 2018.

 

Francesc José María Sánchez

Secretario del Cercle de Salut

Regulación de los derechos del paciente al final de la vida: la Ley 4/2017, de 9 de marzo de Madrid, el Proyecto de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y el Proyecto de Ley del Principado de Asturias sobre derechos y garantías de la dignidad de las personas al final de la vida

La regulación de los derechos de los pacientes al final de la final constituye a día de hoy una de las asignaturas pendientes que tiene la legislación sanitaria de nuestro país. Transcurridos quince años desde la aprobación de la Ley 41/2002, seguimos sin contar con una legislación estatal sobre los derechos y los deberes de los ciudadanos y profesionales sanitarios en relación con el derecho a morir, un vacío que se ha ido colmando progresivamente a través de la cada vez más abundante legislación autonómica. La última de las leyes aprobadas ha sido la Ley 4/2017, de 9 de marzo de la Comunidad de Madrid, justo cuando se encuentra en fase de tramitación parlamentaria la proposición de ley presentada por el grupo parlamentario de “Ciudadanos” y, a nivel autonómico, el proyecto de ley del Principado de Asturias sobre derechos y garantías de la dignidad de las personas al final de la vida.

A lo largo de este artículo se realiza un breve estudio comparativo de los tres textos antes citados con el fin de mostrar cuáles son los principales puntos en común  así como las diferencias existentes entre ellos.

Análisis de los efectos de las sentencias de 14 de septiembre 2016 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre los nombramientos temporales del personal estatutario de los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud

PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN Y CUESTIONES A RESOLVER

En aplicación del acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, acuerdo incorporado a la Directiva 1999/70/CE, de 28 de junio 1999, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictó tres sentencias de fecha 14 de septiembre 2016, en los asuntos C-16/2015 (caso Pérez López), C-596/2014 (caso de Diego Porras) y una tercera que resolvía los asuntos acumulados C-184/2015 (caso Martínez Andrés) y C-197/2015 (caso Castrejana López). El Tribunal de Justicia hace con claridad dos afirmaciones:

  • No es admisible el abuso de las vinculaciones temporales en las relaciones administrativas, incluida la relación estatutaria de los Servicios de Salud.
  • No cabe introducir discriminaciones en entre el personal temporal y el personal fijo con relación administrativa, incluida la relación estatutaria.

El pleno del Tribunal Constitucional avala la constitucionalidad de la reforma estructural del Sistema Nacional de Salud del Real Decreto ley 16/2012

Importante es el contenido de la reciente Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 21 de julio de 2016, dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 4123/2012 interpuesto por el Parlamento de Navarra contra diversos artículos (1.Uno y, por conexión, 1.Dos; 2.Dos, Tres y Cinco; 4.Doce, Trece y Catorce; y disposiciones adicional tercera y transitoria primera) del Real decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Dicho decreto ley había sido objeto de severas críticas desde los ámbitos político, social y académico. Entre los agentes críticos con dicha norma se encontraba nuestra Asociación.

Una sentencia del TSJ de Cataluña avala que el régimen jurídico de la jornada y descansos del Estatuto Marco es de aplicación a los centros sanitarios concertados de Cataluña

El sindicato Metges de Catalunya había interpuesto una demanda de impugnación del 1r. Convenio colectivo de trabajo de los hospitales de agudos, centros de atención primaria, centros sociosanitarios y centros de salud mental, concertados con el Servicio Catalán de la Salud,  dirigida contra las asociaciones empresariales y sindicatos firmantes del convenio, por la que solicitaba la declaración de su nulidad por múltiples motivos.

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