El incremento del salario mínimo interprofesional para el año 2017, no es oro todo lo que reluce

El 1 de enero ha entrado en vigor el Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por el cual se fija el salario mínimo para el 2017, que, de acuerdo con lo que estableció la disposición adicional única del Real Decreto Ley 3/2016, de 2 de diciembre, promulgado por el Gobierno español, que fue convalidado por el Congreso de los Diputados, se ha incrementado en un 8 % y ha quedado establecido en la cuantía de 707,70 €/mes.

Ahora bien, la novedad respecto a la norma legal es que la norma reglamentaria del Gobierno español regula las reglas de afectación de la nueva cuantía en los convenios colectivos y la no afectación de la nueva cuantía a las referencias contenidas en normas no estatales y relaciones privadas.

En cuanto a los convenios colectivos se establece que, salvo acuerdo entre las partes, continuarán siendo de aplicación, durante 2017, a los convenios colectivos vigentes que utilicen el SMI como referencia para determinar la cuantía o el incremento de las retribuciones básicas o complementarias, las cuantías de SMI establecidas para el 2016, es decir 655,20 €/mes.

En los subsiguientes ejercicios en los que continúen en vigor los convenios colectivos actualmente vigentes la cuantía del SMI se entenderá referida a la del 2016 incrementada según el objetivo de inflación del Banco Central Europeo.

Así pues, la única afectación del nuevo SMI es a las tablas salariales de los convenios colectivos de trabajo que se tienen que adaptar para que los salarios, en cómputo global anual, no sean inferiores al SMI vigente en cada momento.

Tampoco es de aplicación el nuevo SMI a los contratos o pactos privados vigentes a la entrada en vigor del real decreto que lo utilicen como referencia a cualquier efecto, excepto pacto en contrario de las partes.

Lo más preocupante, sin embargo, es que real decreto establece la no aplicación en las normas autonómicas y locales vigentes que utilicen el SMI como indicador o referencia del nivel de renta para determinar la cuantía de determinadas prestaciones, beneficios o servicios públicos, salvo que se dicte una disposición expresa en contrario por parte de las propias Comunidades Autónomas o entidades locales, a las que se transfiere toda la responsabilidad.

Esta no aplicación tiene el efecto perverso de dejar en manos de cada Comunidad Autónoma y de cada entidad local, que son las competentes en materia de ayudas sociales y de servicios a las personas, la decisión de modificar su normativa para utilizar el nuevo importe del SMI como indicador, lo cual generará ciudadanos de primera y de segunda en función de las disponibilidades presupuestarias de cada administración autonómica o local, mientras el gobierno del Estado español, una vez colgada la medalla, se lava las manos y no habilita ningún crédito extraordinario para hacer frente a los importantes efectos económicos para las haciendas autonómicas y locales derivados del excepcional incremento del salario mínimo que ha aprobado.

No podemos decir que nos encontramos ante una actuación gubernamental que responda a la célebre frase del Conde de Romanones: “Hagan ustedes la ley que yo haré lo reglamento”, porque el real decreto ley también fue promulgado por el gobierno. Pero pone en evidencia que después del titular conseguido con la norma que convalidó el Congreso de los Diputados han venido las rebajas que pueden frustrar las expectativas generadas a muchos ciudadanos perceptores o candidatos a percibir determinadas prestaciones o ayudas sociales ¿Será porque estamos en enero?

Francesc José María Sánchez

Abogado. Vocal de la Junta Directiva de AJS.

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